En un artículo publicado en El País el 19 de octubre, afirmé que las causas del fracaso de Culiacán fueron la incompetencia del gabinete de seguridad en la planeación e instrumentación del operativo y la necedad del presidente Andrés Manuel López Obrador de insistir en que a las organizaciones criminales se le puede neutralizar con mensajes morales en lugar de con la fuerza legítima del Estado. En mi texto del miércoles pasado, aquí en MILENIO, insistí en que a los dos errores del operativo se le sumó uno más grave: la terquedad presidencial de no reconocer el error y negarse a modificar la estrategia de seguridad.
Aún más, afirmé que gran parte de la incompetencia de su gobierno (siete problemas serios creados por errores en menos de un año) tiene mucho que ver con las necedades de AMLO, ya que sus ideas se vuelven dogmas para él y para los integrantes de su gabinete y nadie a su alrededor se atreve a contradecirlo.
La más reciente crisis de inseguridad no la generó este gobierno; viene desde 2015 cuando la decreciente tendencia de los homicidios se revirtió y comenzó de nuevo a crecer. Lo que sí es imputable a esta administración es su incapacidad para detenerla en estos 11 meses, lo cual tiene que ver, muy probablemente, con los mensajes equivocados que el Presidente ha mandado a las organizaciones criminales.
Avisar que la “guerra contra el narcotráfico” ya terminó; que la política de seguridad ya no incluye la detención de los capos; que el Ejército y la Guardia Nacional no reprimirán (léase, no usarán la fuerza) al pueblo, incluyendo a los criminales; que el problema se solucionará atacando las causas (cuando ya no haya pobreza ni corrupción), se ha traducido en incentivos a los criminales para actuar con mayor libertad, descaro y crueldad. En menos de un mes van cuatro eventos de alto impacto: la matanza de 13 policías estatales en Aguililla, Michoacán; la de 15 presuntos sicarios en Iguala después de que atacaran a un convoy del Ejército; la toma de Culiacán con más de 20 muertos, y ahora la barbarie contra la familia LeBarón.
¿Cuántas matanzas más de inocentes, de elementos de las fuerzas estatales, de sicarios tienen que ocurrir para que el presidente López Obrador redefina su masacrada estrategia de seguridad? Algunos elementos necesarios de esa redefinición:
1. Grupos de tarea especiales de policías de investigación y ministerios públicos para no dejar impunes a los perpetradores de masacres, con reportes periódicos, hasta que sean detenidos, juzgados y condenados. 2. Estrategias prioritarias y urgentes para desmantelar (no significa masacrar ni aniquilar) a las organizaciones criminales más violentas, con base en inteligencia y operativos quirúrgicos de fuerzas especiales. 3. Revisar los criterios de despliegue de la Guardia Nacional y del Ejército. 4. Instrumentar estrategias específicas contra delitos de alto impacto en regiones prioritarias. 5. Dejar atrás el discurso que polariza a la sociedad y desacredita a sus críticos, para poder convocar a un acuerdo nacional (los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la Unión y la sociedad) para reducir la violencia, la inseguridad y reconstruir las instituciones de seguridad y justicia, con respaldo presupuestal real. Si no rectifica, que se haga cargo de estas tragedias y las que faltan, sin escudarse en el pasado.
