El PP presentó la querella que ha dado origen a la investigación de las subvenciones por fomento del valenciano otorgadas a las empresas del hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acompañándola de documentación con la que tratar de sustentar los hechos. Según explicaban, existían diversas duplicidades en los gastos aportados por Francis Puig, el cual, además, optó a ayudas en varios gobiernos aparte del valenciano, como el catalán o el aragonés.
Un ejemplo, según los populares, serían las nóminas de Jordi Puig, el otro hermano del jefe del Consell. Entre enero y noviembre de 2016, su salario se cuenta entre los gastos presentados para justificar la solicitud de dos subvenciones: de un lado, las dirigidas a «medios informativos digitales de titularidad privada en catalán o aranés» de la Generalitat de Cataluña. De otro, las «ayudas económicas para el fomento del valenciano destinadas a medios de comunicación social» de la Generalitat Valenciana.
Tanto desde Presidencia como el propio PP en su querella, destacan que no es ilegal optar a subvenciones de diferentes administraciones mientras la cuantía no supere el coste de actividad de la empresa. Los populares, sin embargo, entienden que esto podría haberse dado y detallan que la duplicidad está admitida siempre y cuando no recaiga sobre los mismos contenidos, costes y actividad. Las empresas, indica la querella, comparten contenidos.
Por el momento, todas las dudas las tendrán que aclarar tanto Francis Puig como el director general de Política Lingüística el próximo 10 de diciembre en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, donde están citados a declarar.
La primera juez que incoó diligencias manifiestó en su auto que los hechos descritos por el PP «hacen presumir la posible existencia de una infranción penal».
Las ayudas en las que se indaga son las concedidas a las mercantiles Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions. En total, han recibido unos 379.000 euros por ese concepto entre 2015 y 2018.
