Audiencia se realizará en Washington el lunes 4 de noviembre
El procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, viajará a Estados Unidos por una semana para, entre otras actividades, participar de la audiencia ante un tribunal arbitral en Washington en la que se tratará la demanda del consorcio Rutas de Lima contra la Municipalidad de Lima.
En la resolución ministerial N° 0408-2019-JUS, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se indica que Ramírez estará en territorio estadounidense desde mañana, 1 de noviembre, hasta el 7 del mismo mes. La diligencia se realizará el 4 de noviembre.
Rutas de Lima, consorcio que integra Odebrecht, demanda al Estado peruano una compensación económica por no recaudar la tarifa de S/5.50 en el peaje Chillón, en Lima Norte, entre el 29 de diciembre del 2016 y el 31 de octubre del 2018.
Hace tres años, en esa zona, decenas de vecinos de Puente Piedra protestaron contra la instalación de garitas para el cobro de peaje, iniciando una batalla campal contra la Policía. Los ciudadanos estaban obligados a pagar ese precio porque no existía otra vía de acceso y salida del lugar.
Perú21 pudo averiguar que el procurador será testigo y detallará ante los miembros del tribunal los procesos penales en los que está inmerso Odebrecht en nuestro país. La empresa brasileña, cabe recordar, ha reconocido el pago de aportes de campaña políticas a cambio de obras.
De acuerdo a la Fiscalía, en 2013, Odebrecht abonó US$3 millones para financiar la campaña contra la revocatoria de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Lo hizo a cambio de adjudicarse la construcción de carreteras que son los principales accesos a la ciudad.
El exdirectivo Jorge Barata contó también que la constructora entregó US$75,527 a Martín Bustamante, mano derecha del exalcalde Luis Castañeda Lossio, para garantizar la continuidad del proyecto en la gestión municipal del líder de Solidaridad Nacional (2015-2018).
Este es un proceso arbitral distinto al que se inició por la Línea Amarilla y que también tiene lugar en un tribunal de Miami, en Estados Unidos. En este caso es el municipio limeño el que reclama por el alza de precios impuesto por Lamsac, que antes pertenecía a la compañía OAS.
