El absentismo laboral se expande por la Administración Pública. Y lo hace a una velocidad de vértigo, mucho mayor que en el sector privado. A cierre de junio de este año, el número de bajas por enfermedad en el sector público –lo que se conoce con el nombre técnico de «incidencia”»– era de 34,74 mensuales de media por cada 1.000 trabajadores protegidos. La tasa en las empresas privadas era, en cambio, de 30,67 por cada 1.000 empleados protegidos. Según los datos en poder de las mutuas de accidentes de trabajo, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, el incremento de la incidencia de bajas en las administraciones fue del 29,24% con respecto a junio de 2018. En el sector privado la subida fue del 5%. A tenor de estas cifras, la incidencia media mensual en el sector público es un 13,27% superior a la del sector privado, un hecho que no se producía desde el ejercicio 2012.
¿A qué se debe esta diferencia? Fuentes del sector lo achacan, en lo que se refiere al sector privado, a la recuperación económica. En los ciclos recesivos las bajas laborales por enfermedad suelen reducirse, mientras que en los expansivos tienden a aumentar. Sin embargo, en el sector público apuntan como factor fundamental a la desaparición de las «penalizaciones» que impuso el Gobierno durante la crisis para intentar frenar el absentismo injustificado en la Administración Pública. En concreto, aluden a la entrada en vigor de la disposición adicional quincuagésimo cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018, en la que se restablece al colectivo de trabajadores del sector público el complemento salarial a la prestación económica en la situación de Incapacidad Temporal, que fue eliminado en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio.
Las estadísticas revelan que la incidencia en el colectivo de trabajadores del sector público es muy similar a la del sector privado –incluso ligeramente inferior– para el periodo en el que no tenían complemento salarial a la prestación por Incapacidad Temporal. Se trata de los años comprendidos entre 2013 y 2018. Sin embargo, con el restablecimiento de tal complemento en el ejercicio 2019, la incidencia se dispara, con cotas mucho más elevadas que en el sector privado.
