Un estudio de CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer AC) y la Fundación Heinrich Böll –ambas con tareas bien concretas como defensoras de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos- dio a conocer esta semana que documentaron, en los primeros diez meses del actual sexenio federal, un dato preocupante: de las entidades donde se registran mayores índices de agresiones contra mujeres periodistas Coahuila ocupa el segundo lugar con el 15.79 por ciento, solo detrás de la Ciudad de México (18.42 por ciento). El total de casos sumó 128.
En ese lapso –que es la referencia que hacen dichas organizaciones, la primera mexicana y la segunda alemana, ambas con un prestigio reconocido a nivel internacional-, señalan que en promedio cada dos días una mujer periodista es agredida. Mencionan los asesinatos de Norma Sarabia Garduza (en Tabasco), y Mara Elizabeth Mares de la O (en Aguascalientes).
Comparados estos datos con lo ocurrido durante el gobierno federal anterior, los ataques contra las periodistas se dispararon un 47 por ciento –en el periodo anotado- y fueron perpetrados por funcionarios estatales. Los actos de intimidación en cuanto al espacio institucional son más frecuentes a través del bloqueo informativo y actitudes hostiles, y en el espacio digital vía campañas de desprestigio y ataques orquestados por cuentas de redes sociales de funcionarios públicos o simpatizantes de partidos políticos. Los ataques contra las colegas suceden en el momento de realizar una cobertura, una investigación o emiten una opinión en temas como corrupción, (in)seguridad y violación de derechos humanos.
A este reporte se podría agregar el que hizo Artículo 19 en junio pasado (“Ante el silencio ni borrón, ni cuenta nueva”), revelando que Coahuila se mantuvo, también, en segundo lugar nacional por el número de denuncias presentadas (47) por periodistas en 2018, con un incremento respecto a 2017 (41). Y, otra vez, los ofensores fueron funcionarios públicos.
¿Qué pasa pues en esta materia que nadie dice nada en el estado? El silencio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de todos los organismos y consejos ciudadanos que, en teoría, tendrían que ser los primeros en observar esta situación es una ofensa. El temor de las y los periodistas a perder su trabajo impide, desde luego, que haya más denuncias. (Continuará).
