Los dos fallecidos en las protestas en Bolivia después de las elecciones fueron despedidos este viernes como mártires por quienes piden la renuncia del presidente del país, Evo Morales, en una jornada más tranquila tras las violencia de días antes. El Cristo Redentor, un emblema de la ciudad oriental de Santa Cruz, acogió el funeral […]
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Los dos fallecidos en las protestas en Bolivia después de las elecciones fueron despedidos este viernes como mártires por quienes piden la renuncia del presidente del país, Evo Morales, en una jornada más tranquila tras las violencia de días antes.
El Cristo Redentor, un emblema de la ciudad oriental de Santa Cruz, acogió el funeral de Marcelo Terrazas, uno de los fallecidos por heridas de bala el miércoles pasado, en el incidente más grave desde que empezaron las protestas por un supuesto fraude en las elecciones del 20 de noviembre.
Un altar construido para la visita del papa Francisco en 2015 fue el escenario de la ceremonia en pleno centro de la principal ciudad de Bolivia.
«No aflojemos, no podemos aflojar en estos momentos, es cuando más unidos tenemos que estar. Que una muerte no nos asuste, yo siendo el afectado lo digo, no me asusta, me da más convicción y ánimos para que la muerte de mi padre no sea en vano», dijo durante el funeral de su padre, Marcelo Terrazas hijo.
La caravana de vehículos que acompañó el féretro a un cementerio de la ciudad fue recibida con banderas de Santa Cruz y Bolivia, puños en alto y aplausos.
Mario Salvatierra, el otro de los fallecidos, recibió sepultura en la cercana ciudad de Montero, donde ocurrieron los enfrentamientos entre afines y contrarios a Morales, y en los que hubo los disparos mortales.
Luis Fernando Camacho, presidente del Comité pro Santa Cruz, se acercó antes del velatorio que se hizo en su casa para dar el pésame. Camacho es uno de los líderes de los movimientos cívicos que exigen la renuncia de Evo Morales y la convocatoria de nuevas elecciones.
Por el momento, van seis detenidos, informó la Fiscalía. Uno de ellos es la persona que se vio durante los disturbios con una escopeta y otros, a los que se incautó dinamita y quienes fueron acusados de delitos, como asesinato.
En la otra punta del país, en La Paz, una marcha de luto les honraba a ambos fallecidos, con vestidos de negro y crespones en las banderas.
«Estamos aquí vestidas de negro en representación del dolor que sentimos por la pérdida de estas dos vidas», expresó a Efe, Patricia Tapia, una de las participantes.
Un pequeño altar con un cartel que decía «luto por Montero, Bolivia está de duelo» recibía ramos de flores.
Los altares son típicos en Bolivia por Todos los Santos, con ofrendas para los difuntos, que se cree que vuelven por un día.
Los mast’akus, como se llaman en quechua, se convirtieron esta vez en ciudades, como Cochabamba, en parte de los bloqueos en medio de las calles, puesto que las protestas no han cesado, pero con menos intensidad y sin la violencia de días anteriores.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció el empleo de dinamita y la violencia con que partidarios y detractores de Morales actuaron en disturbios la noche antes en La Paz, además de un uso excesivo de gases lacrimógenos por parte de la policía.
En cambio, durante esta jornada las protestas en La Paz se dirigieron de forma pacífica y menos masiva frente al edificio donde una misión de la OEA realiza la auditoría que investiga las sospechas de fraude electoral a favor de Morales, a quien el órgano electoral dio por vencedor.
Los opositores no perdonan que el secretario general de este organismo internacional, Luis Almagro, apareciera por Bolivia antes de los comicios para respaldar la candidatura a la reelección para un cuarto mandato de Evo Morales, que muchos en el país consideran ilegal.
«Lastimosamente la OEA ha perdido mucha credibilidad. Cuando vino el señor Almagro aceptó que el derecho de Evo Morales estaba por encima de todos los derechos humanos de los bolivianos que votamos ‘no’ el 21 de febrero de 2016», expresó Tapia.
Esa fecha hubo un referéndum que negó al presidente la posibilidad de presentarse a un cuarto mandato seguido, ya que la Constitución boliviana limita a dos consecutivos, pero después el Tribunal Constitucional determinó el derecho a la reelección indefinida.
Horas después de la protesta ante la misión de la OEA, el órgano electoral firmaba el acta de resultados, un formalidad de mero cumplimiento del cronograma establecido, pero ni la oposición ni los movimientos cívicos que denuncian fraude los van a reconocer.
El opositor Carlos Mesa lo consideró una agresión a la buena fe de la comunidad internacional, pues la auditoría no ha hecho más que empezar.
La oposición y los movimientos cívicos no se fían ni de la OEA, ni aceptan la auditoría pactada con el gobierno boliviano sin haberles tenido en cuenta. No ven más salida que la renuncia del presidente para convocar una nueva cita con las urnas.
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