El ex presidente del Banco Popular Ángel Ron acusó ayer en la Audiencia Nacional a su sucesor, Emilio Saracho, de la quiebra de la entidad y de querer venderla a bajo precio. Ron compareció ante el magistrado José Luis Calama en calidad de imputado tras las querellas interpuestas hace dos años contra la ex cúpula del banco por administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental, entre otros delitos.
Según fuentes jurídicas, el ex presidente del Popular aseguró que el banco «era solvente» y defendió la ampliación de capital de 2.500 millones en 2016, una medida que –según declaró el pasado octubre Saracho ante el juez– «se quedó corta pues en su opinión hacían falta 8.000 millones de euros para cubrir las necesidades de liquidez. Sin embargo, Ron insistió en que esos 2.500 millones eran adecuados, tal y como, según explicó, ratificaron los auditores de la entidad, absorbida por el Banco Santander en 2018. Y responsabilizó a su sucesor del desplome financiero de la entidad por no haber ejecutado el proyecto Sunrise, que pasaba por intentar sanear la entidad recurriendo a sus activos inmobiliarios.
Saracho, según ha dicho a preguntas del juez Calama, «no tenía ninguna intención» de llevarlo a cabo y sin el mismo la ampliación «no tenía sentido».La controvertida tasación de los activos inmobiliarios del Popular también salió a la palestra durante las cinco horas del interrogatorio del instructor, hoy continuará la comparecencia con las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de su defensa. Al respecto, según esas mismas fuentes el investigado hizo hincapié en que las tasaciones «estaban bien hechas» y recalcó que «el 98 por ciento de los tasadores que las efectuaron estaban incluidos en el registro del Banco de España o eran expertos de reconocido prestigio internacional».
Ron no solo situó en la diana de las supuestas irregularidades que abocaron al Popular a la quiebra a Saracho, sino también al que llegó a ser el principal accionista, el empresario mexicano Antonio del Valle, y a la entonces presidenta de la Comisión de Nombramientos Reyes Calderón. Según dijo, el empresario «quería quedarse con el banco a toda costa» y tanto él como Del Valle recurrieron a la prensa para amenazarle supuestamente para forzar su salida del banco y ratificar las destituciones que reclamaban. Según ha contado al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, «todo el proceso iba encaminado a que alguien, que probablemente no es quien finalmente se lo quedó, se quedara con el banco».
En su opinión, Del Valle y Calderón urdieron su sustitución y el empresario mexicano llegó a asegurarle que disponía de 1.500 millones para inyectar al Popular, algo que según él era un síntoma de que la situación no era tan crítica.Ron aseguró que su relación profesional con Saracho era «buena», pero que se fue deteriorando progresivamente. De hecho, recordó que llegó a enviarle un correo electrónico afeándole su actitud de responsabilizar a los anteriores gestores de la situación que llevó a la quiebra del Banco Popular, advirtiéndole de que «no lo iba a permitir».
En su declaración judicial, Saracho explicó que fue Reyes Calderón la que se puso en contacto con él para que se pusiera al frente del banco, una presidencia a la que accedió en febrero de 2017. Al mismo tiempo recordó su sorpresa cuando, al intentar «cuantificar las necesidades de capital», la responsable de Riesgos le dijo que desconocía qué cantidades había que aprovisionar.
