“Lo que estamos viendo es la ruta del golpe que se está desencadenando de manera intensa y a distintas velocidades en todo el territorio nacional”, responde Quintana desde la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno, donde estaban desplegadas este miércoles delegaciones de los movimientos indígenas, mineros, del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), entre otros.
“Las claves de lo que podría suceder estaban desde antes de las elecciones del 20 de octubre que le dieron la victoria presidencial a Evo Morales. El fraude es una coartada que fue instalada hace bastante tiempo en los medios de comunicación, las redes, a través de los opinadores contratados, organizaciones no gubernamentales con financiamiento extranjero, la Iglesia católica alineada con la derecha”, explica Quintana. Esos grupos actuaron, por ejemplo, en la quema de sedes del Tribunal Supremo Electoral o durante el 22 de octubre en la ciudad de Cochabamba, atacando a quienes se manifestaban a favor de Evo Morales.
No es la primera vez que el proceso de cambio boliviano se enfrenta a una escalada de violencia. Sucedió entre 2007 y 2008. En aquella oportunidad la ofensiva estaba concentrada en el oriente del país, especialmente en Santa Cruz y zonas cercanas, como Beni, Pando y una parte de Tarija. Hoy, en cambio, está discurriendo sobre todo entre dos extremos, en el occidente La Paz, y en el oriente Santa Cruz, aunque también hay algunos incidentes en Cochabamba.
Por su parte Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, rechazó la invitación de Morales a participar en la auditoría de los votos de las pasadas elecciones que dieron la reelección al mandatario indígena. “Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos, pactados unilateralmente”, ha dicho Mesa, ex presidente y ex vicepresidente que en los últimos comicios compitió por la plataforma opositora Comunidad Ciudadana, en un comunicado.
Mesa ha recriminado que el partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y la OEA no han consultado “ni al país” ni a la oposición. Así, ha señalado como condiciones para que la oposición acepte la auditoría que el Gobierno acceda a “desconocer” los resultados oficiales ya anunciados y “la necesaria participación de la sociedad civil”.
“Nosotros nos debemos a los más de dos millones de electores que nos respaldaron y reconocemos las posiciones de instituciones, sectores cívicos y movimientos sociales que plantean la anulación de las elecciones y manifiestan su desconfianza acerca de la auditoría pactada entre la OEA y el MAS”, ha afirmado.
A este respecto, ha subrayado que su posición es “invariable” desde la misma jornada electoral: “Exigimos el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas”. En su opinión, “esa voluntad se burló en un cómputo fraudulento, tal como reconoció la Misión de Observación Electoral (MOE) de OEA, la Unión Europa y países amigos”. Además, ha denunciado que “el fraude ejecutado por el MAS y su empeño en desconocer la voluntad popular han generado una espiral de violencia de consecuencias que podrían resultar irreparables”.
“El ataque de grupos organizados del Gobierno a los ciudadanos, la instrucción de cercar ciudades, bloquear las carreteras, cortar el suministro de agua, decenas de heridos y sangre derramada en nuestras calles son el resultado de la ambición sin límites de Evo Morales y (del vicepresidente) Álvaro García Linera”, ha apuntado.
En este contexto, Mesa ha indicado que mantendrá “los mecanismos de coordinación con todos quienes luchan por el respeto al voto popular y la democracia para concertar las mejores salidas a esta crisis política, buscando siempre preservar la paz y evitando la violencia fratricida”, informa Ep.
El partido Comunidad Ciudadana junto a grupos de la extrema derecha desconocieron los resultados de la elección popular que favoreció a Morales, con el 47,08% de los votos en primera vuelta.
