El juez instructor del «procés», el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, no tiene la más mínima intención de retirar la euroorden contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont si la Justicia belga no accede a entregarlo para que sea juzgado por los delitos de sedición y malversación. Precisamente hoy se celebra desde primera hora de la mañana en Bruselas la vista donde la Fiscalía reclamará al tribunal que se acceda a la petición española y se pueda proceder contra el considerado principal responsable del proceso secesionista en Cataluña, que ha llevado a la condena de doce de sus líderes a penas de hasta trece años de prisión.
En este sentido, fuentes jurídicas señalaron a LA RAZÓN que Llarena tiene muy clara su postura ante los dos asuntos fundamentales que están en juego en este procedimiento: no aceptará la entrega sólo por el delito de malversación y si el ex presidente de la Generalitat opta por huir a otro país de la Unión Europea –ante la eventualidad de que Bélgica acepte la solicitud española– no retirará en ningún caso la euroorden.
Cuando Puigdemont se trasladó de Alemania a Bélgica –después de que el primero de esos países aceptara entregarle sólo por malversación de caudales públicos–, Llarena optó por retirar todas las euroórdenes para evitar que se descafeinara la causa y que fuesen las autoridades judiciales de otros países las que determinasen cómo debía actuar en este procedimiento.
Ahora, sin embargo, el magistrado no piensa hacer lo mismo. «La euroorden –contra Puigdemont– ha venido para quedarse», señalaron de forma muy gráfica fuentes de toda solvencia.
De esta forma, si el líder independentista pretende refugiarse en otro país de la Unión Europea, se mantendría esa petición de detención y entrega con el propósito de que «cada país se retrate» y decida si colabora con la Justicia española o frena que ésta pueda desempeñar su labor y sentar en el banquillo al ex presidente catalán por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
No obstante, fuentes próximas a Puigdemont reiteran que su intención es permanecer en Bruselas a la espera de que se resuelva la petición de entrega y hacen hincapié en que no se le pasa por la cabeza trasladarse a otro país. Y más, recuerdan, después de que el juez de primera instancia de Bruselas acordase su libertad sin fianza mientras se tramita la euroorden, obligándole solo a fijar un domicilio y a no salir del país sin su permiso.
Fuentes de su defensa apuntan que en sus alegaciones la Fiscalía belga precisa que «de momento» secunda la entrega de Puigdemont por los dos delitos que esgrime Llarena. Según esas mismas fuentes, en la vista de hoy sus letrados pondrán sobre la mesa la supuesta inmunidad del ex president (pese a que el propio Parlamento europeo le niega la condición de eurodiputado) y solicitarán al instructor un aplazamiento porque no han tenido tiempo de estudiar los argumentos del Ministerio Público. «No se va a entrar en temas de fondo», recalcan, al tiempo que apostillan que las denuncias en bloque sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales de Puigdemont se dejan «para más adelante».
