Ante el aumento de la conflictividad social en las democracias occidentales, Chile, en estos días, o los chalecos amarillos en Francia, por citar algunos ejemplos, el Instituto de Estudios Estratégicos, el «think tank» de la patronal Fomento del Trabajo, propone abrir el debate de medidas que puedan paliar o evitar este tipo de situaciones. Es decir, abordar un nuevo «pacto social» que evite el crecimiento de los populismos y permita una «distribución más equitativa de la riqueza». Entre las medidas que el informe contempla destaca aumentar el salario mínimo y abordar la posibilidad de una renta mínima garantizada.
El vicepresidente coordinador de este instituto, Jordi Alberich, que fue director general del Círculo de Economía, señaló que «la desigualdad, la excesiva precariedad de los puestos de trabajo y los bajos sueldos son factores de inestabilidad y pueden poner en riesgo el crecimiento económico». En este contexto, Alberich defendió «abrir el debate» sobre la implantación «de algún tipo de renta garantizada de inserción», y aseguró que «como estamos ante escenarios que nunca habíamos vivido», las administraciones no deberían negarse a «experimentar» fórmulas de este tipo, aunque midan al mismo tiempo los efectos que tendrían. No obstante, declinó dar una cifra sobre el salario mínimo, aunque «la incertidumbre no puede servir de argumento para dejar de experimentar medidas de este tipo».
El presidente de esta patronal, Josep Sánchez Llibre, aseguró que el Instituto de Estudios Estratégicos de Foment pone a disposición de todo el mundo esta «hoja de ruta» de medio y largo plazo con el fin de «mejorar la cohesión social en España y en el conjunto de Europa», y ha avanzado que presentará estos planteamientos tanto en Madrid como en Europa.
El documento presentado hoy, que se titula «Por un nuevo pacto social. Ante los retos del capitalismo y la democracia», señala que la desigualdad, la excesiva precariedad de muchos empleos y los salarios bajos son un factor de inestabilidad y pueden poner en riesgo el crecimiento económico.
Sánchez Llibre comentó que la conflictividad social como tal «no ha llegado ni a las calles de Cataluña ni del resto del Estado», a pesar de los disturbios vividos en el centro de Barcelona tras la sentencia del procés, que Foment ya condenó. Por el contrario, apuntó que los disturbios vividos en Chile por el aumento de las tarifas del transporte público sí que son un buen ejemplo de un descontento social latente que ahora se ha trasladado a la calle.
Desde el ámbito de la empresa, el instituto de Fomento pide a las grandes corporaciones que lideren el debate del «nuevo pacto social». «Sin el nivel adecuado de justicia distributiva, el sistema no será sostenible».
