La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, dirigida por Rocío Blanco, ha defendido hoy que el sindicato UGT Andalucía tiene "obligación de devolver" los 18 millones de euros -intereses incluidos- que la administración autonómica le reclama al hilo de "incidencias" a la hora de justificar una subvención concedida por la Junta en 2007 al sindicato para ejecutar unos cursos de Formación Profesional Ocupacional.
Así lo ha trasladado la Consejería en un comunicado después de que UGT Andalucía haya anunciado que va a llevar "al juzgado de lo Contencioso Administrativo" la decisión de la Junta de "exigirle, por cuestiones formales, 18 millones de euros" por cursos de formación "justificados y realizados en 2007".
Según ha detallado la Consejería de Empleo, con fecha de 15 de octubre de 2007, y "en virtud de convenio de colaboración dictado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía", se concedió a UGT-A "una subvención al objeto de cubrir los costes de ejecución de los cursos de Formación Profesional Ocupacional", y la cantidad subvencionada fue "abonada en su totalidad en 2007".
Finalizada la impartición del proyecto formativo el 31 de diciembre de 2008, la entidad beneficiaria "presentó dentro del plazo legal establecido documentación justificativa de la ayuda concedida", según admite la Consejería de Empleo, que, no obstante, precisa que, el 30 de noviembre de 2009, se requirió a la entidad "la aportación de la documentación justificativa no aportada en su día".
El 8 de abril de 2011, se requirió también a la entidad "la aportación de nueva documentación justificativa necesaria", según continúa la Consejería, que agrega que, "tras el traspaso de competencias en materia Formación Profesional para el Empleo a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y, a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, con fecha de 26 de diciembre de 2013", se remitió escrito al sindicato "derivado de las actividades de verificación de los expedientes de subvenciones realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos".
En dicho escrito se informaba de que, "en los informes de revisión documental de los expedientes de subvención llevada a cabo por el Equipo de Verificación de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía", se habían "puesto de manifiesto diversas incidencias cuya subsanación es necesaria para la continuidad en la tramitación de los procedimientos correspondientes".
Con fecha 18 de marzo de 2014, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo "dictó Resolución de Acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo de Reintegro", según abunda la Consejería, que explica que, "tras la tramitación del procedimiento de reintegro que consta en el expediente la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo", se "dicta Resolución de Reintegro de fecha 16 de septiembre de 2015, notificada con fecha 18 de septiembre de 2015, por la que se acuerda exigir a la beneficiaria el reintegro de la cantidad total de la ayuda más los intereses correspondientes".
UGT interpuso "recurso de reposición de fecha de 19 de octubre de 2015, solicitándose sea estimado y se anule y deje sin efecto la resolución recurrida", así como solicitó en el mismo escrito -según continúa la Consejería de Empleo- "la suspensión de la ejecutividad de la misma; solicitud que es concedida mediante resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de 4 noviembre de 2015".
La Consejería puntualiza que, "desde noviembre de 2015, y hasta la llegada" del "nuevo equipo directivo" a este departamento del Gobierno andaluz, "el recurso de reposición contra la resolución de reintegro ha estado sin contestar, cuando el plazo marcado es de dos meses", y "en cuatro años prescribían los derechos de cobro de la hacienda autonómica".
Así las cosas, el pasado mes de septiembre de 2019, "cuatro años después de la interposición del recurso de reposición", con la puesta en marcha del "plan de choque" del nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "para el control de estas subvenciones, se detecta que en el presente procedimiento está muy próximo a prescribir -en concreto, el 19 de octubre de 2019- el derecho de la Hacienda autonómica a reclamar la deuda cuya ejecutividad en ese momento se encuentra suspendida".
Por ello, "se procede, tras un exhaustivo análisis de las alegaciones y documentación obrante al expediente a resolver el recurso de reposición confirmando la resolución de reintegro y, por tanto, la obligación de UGT de devolver las cantidades indicadas", según concluye la Consejería de Empleo.
Desde UGT-A quieren dejar claro que "ninguno de los motivos por los que se exige el reintegro guardan relación con la no ejecución de los cursos", así como que "todos y cada uno de los cursos se han realizado, no cuestionándose en ninguno de los documentos remitidos por la Administración la impartición de los mismos, en su totalidad".
Además, el sindicato argumenta que "los motivos para desestimar el recurso de reposición interpuesto se fundamenta en cuestiones formales de carácter administrativo, cuestiones jurídicamente interpretables y que fundamentan que se vaya a iniciar la vía judicial".
