Borja Mapelli es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla y director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Este reconocido jurista formó parte de la comisión nacional de expertos a las que el Ministerio de Justicia del último Gobierno Rajoy encargó la reforma de los delitos sexuales.
He visto durante dos días seguidos en TV3 a muchos juristas y profesores catalanes de Derecho Penal. ¿Sabe que a ninguno le parecía bien la sentencia del «procés»? Todos decían que no hubo delito alguno.
TV3 no va a preguntarle a quienes están a favor de la condena pero le aseguro que no piensan así todos los profesores catalanes de Derecho Penal. Todos los catedráticos catalanes de Derecho Penal con los que he hablado, salvo dos, entienden que hay motivos para la condena.
Usted tampoco está de acuerdo con la sentencia, pero justo por lo contrario.
Yo creo que debían haberlos condenado por rebelión, no por sedición. Estos delitos se tipifican en el siglo XIX y surgen por las asonadas militares del siglo XIX. Creo que su redacción es un poco confusa y debería actualizarse porque hoy día las cosas van por otro lado. Se puede decir que el delito de sedición se incluye para proteger el orden público y es el típico delito que cometen los llamados «comités de defensa de la República», los miembros de la «kale-borroka» o los que protagonizaron las algaradas callejeras que hemos visto. El delito de rebelión lo cometen los políticos que las promueven y que los utilizan como brazo activo para crear disturbios.
Esta sentencia parece no haber contentado a nadie. Leve o dura, según.
Es lógico que no contente a nadie. Esta sentencia, con tanto peso político, no se podría entender en términos estrictamente jurídicos. Hay que contextualizarla y entenderla precisamente en el contexto político en el que se ha producido. Habrá juristas que no lo entiendan pero el Derecho también tiene una función política y social. Que se atienda en determinadas circunstancias al contexto sociopolítico en que se dicta una sentencia no quiere decir que sea injusta.
¿Se podría decir que el Tribunal Supremo ha hecho también política, o un poco de política, con esta sentencia?
Sí, totalmente. Yo creo que el Tribunal Supremo ha hecho la siguiente reflexión: para que esta sentencia salga revestida de autoridad judicial es conveniente que no haya fisuras. Yo creo que en esta ocasión, por la trascendencia del caso, han pensado que hubiera debilitado mucho la resolución si hubieran existido votos particulares y entonces han aceptado la sedición.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, usted insiste en que fue rebelión.
Sí, pero la sedición se ha entendido desde un punto de vista secuencial, progresivo, como la puerta por la que se llega a la rebelión. Y la sedición se entendería, en ese sentido, como una rebelión pequeñita. Si has hecho la rebelión, también has hecho la sedición. En Derecho Penal, si alguien intenta matar a alguien seguro que lo ha lesionado y se le puede castigar por un delito de lesiones consumadas o por otro de tentativa de homicidio. Las dos soluciones son posibles y es lo que ha pasado aquí. Creo que el Tribunal Supremo ha hecho un buen trabajo y que se han garantizado escrupulosamente todos los derechos de los procesados. Europa no puede ponerle un pero a este juicio.
¿Cree que la euroorden contra Puigdemont y los demás fugados puede tener ahora éxito al rebajarse la gravedad del delito?
Sí, pero ya sabemos lo que es Europa. La gran mayoría de los países europeos tiene conflictos territoriales: Italia, Gran Bretaña y Bélgica, especialmente. Cada uno mira a sus intereses nacionales y prefiere no involucrarse en un problema que es, sobre todo, europeo.
¿Quiere decir que los jueces alemanes y belgas también hacen política como el Supremo?
Pero no creo que sea siempre criticable esto. Opino que es criticable cuando se instrumentaliza la política al servicio de
un determinado grupo político, pero no es el caso. En este tipo de delitos es lógico que se hagan reflexiones políticas.
«Los condenados por el "procés" deberían arrepentirse públicamente de sus delitos antes de acogerse a beneficios penitenciarios. Y no lo van a hacer»
El Supremo parece haberle dado la razón al Gobierno de Pedro Sánchez en sus tres sentencias más mediáticas de los últimos tiempos: la del procés, aceptando el criterio de la Abogacía del Estado de que no hubo rebelión sino sedición; la de «La Manada», pasando de abuso sexual a violación, contra el criterio de la Audiencia de Pamplona y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; y el de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y su negativa a enterrar sus restos en la Almudena, como pretendía su familia. ¿Usted cree que es casualidad?
Puede darse una coincidencia, pero sólo es aparente, porque el Tribunal Supremo no se disciplina ni mucho menos con los intereses u opiniones del Gobierno sobre los conflictos que está juzgando. No lo creo para nada. Además, esas tres sentencias se basan plenamente en el ordenamiento jurídico español. Personalmente, en el caso de «La Manada» no estoy muy de acuerdo con la resolución del Supremo.
¿Cree que en ese caso el Supremo tuvo también en cuenta la presión social, el «contexto político»?
Sí, pero no la opinión del Gobierno, como usted dice. En el caso de «La Manada» creo que era más acertada desde un punto de vista jurídico la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que apreció intimidación. Otra cosa es que haya que cambiar las leyes, pero ése no es un problema de los jueces sino de los legisladores.
¿Le pareció entonces injusta la sentencia del Supremo sobre la Manada?
No. El Derecho se interpreta siempre. Los clásicos decían que el juez era la boca de la ley pero eso es imposible. La norma jurídica siempre se interpreta y en cada momento histórico va evolucionando su interpretación buscando la pena justa. A veces hay que hacer interpretaciones flexibles del Derecho y me parece perfectamente compatible atender al derecho positivo y al momento histórico en el que se produce una sentencia.
Caso «La Manada»: La interpretación del Derecho es flexible y es posible atender al derecho positivo y al momento histórico en que se produce una sentencia»
¿Cree que habría que reformar el Código Penal?
Yo soy miembro de la Comisión General de Codificación y recuerdo que el anterior ministro de Justicia, que promovió la reforma de 2015, nos reunió a los miembros de la comisión para hacer una mejora técnica de esa misma reforma que él promovió. Habría que mejorar algunos pasajes porque creo que esa reforma no fue buena y generaba dudas en algunos artículos.
¿Qué le parece la prisión permanente revisable?
Creo que nos homologa con los demás países europeos, que ya la tenían. Lo excepcional era España. La tenían Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Francia, entre otros. Es plenamente constitucional en todos esos países y también en España. Otra cosa es que sirva o no para algo.
¿No cree que sirva para algo?
Desde luego no va a acabar con esos crímenes horribles ni con la violencia de género. Ese tipo de criminales no se compra un Código Penal en la librería antes de cometer un delito. Creo que es un mensaje simbólico que busca el rédito político.
El problema es que en España no se cumplen las penas íntegramente, como ocurre en Estados Unidos y otros países. Tal vez por eso se estableció esta figura.
Eso no es exacto. Es cierto que en España hay muchos beneficios legales y penitenciarios y que si los comparamos con el resto de Europa, son más, en general. Pero también es cierto que el tiempo medio de duración de una persona en una cárcel española, que se acerca a los tres años, está por encima del tiempo medio en Europa. Y últimamente ese tiempo está aumentando. Creo que eso indica que se está produciendo una reducción en la utilización de los beneficios penitenciarios.
Algunos de los condenados por el «procés» van a poder salir de la cárcel a partir del mes de enero, a pesar de lo elevadas de sus condenas.
Probablemente podrán salir antes del mes de enero. A mí me parece que estos delincuentes por convicción deberían arrepentirse antes de acogerse a beneficios penitenciarios. Si en vez de eso, se mantienen en su actitud inconstitucional, como está ocurriendo, el sistema no debería tener conmiseración con ellos.
Pero la Generalitat tiene las competencias y nadie duda de que las ejercerá en un sentido muy favorable a sus correligionarios.
Por eso creo que deberían estar en una prisión fuera de Cataluña. En Canarias, por ejemplo, si no muestran ningún arrepentimiento. Si tenemos una persona que roba y dice que cuando salga volverá a robar, no hay razón para que se le conceda ningún beneficio legal.
«No puede ser que la mayoría de los catalanes esté sometida a una violencia permanente»
¿No se debería recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal que aprobó Aznar para Ibarretxe, entonces lehendakari vasco?
Creo que hubiera resuelto muchos problemas legales en Cataluña, pero también creo que el Código Penal no debería entrar en casuística muy concreta. Tenemos el delito de prevaricación, que se puede aplicar perfectamente.
No hay ninguna constitución en Europa que recoja el derecho de autodeterminación de una parte de su territorio.
Ninguna. En España hay mecanismos para reformarla. Cada uno puede pensar lo que quiera. Ser independentista o lo contrario.
Cuando el presidente de la Generalitat dice que las protestas contra la sentencia están siendo pacíficas: ¿usted qué piensa?
A mí esto me llama mucho la atención. Que algunos independentistas hablen de derecho a la manifestación con lo que hemos visto estos días en las calles parece una broma. Me temo que la polarización de la sociedad se está agravando mucho en los últimos años. Esta radicalización conduce a la irracionalidad y esto arrastra a las dos partes y ciega la posibilidad de un diálogo.
¿Pero se puede dialogar con alguien con una percepción tan trastornada de la realidad?
A eso me refiero. No se puede dialogar con gente así. Esto es lo grave. Y creo que las víctimas de todo esto son los propios catalanes. No puede ser que la mayoría de los catalanes esté sometida a una violencia permanente por parte de sus dirigentes.
Supongo que habrá personas que hayan abandonado Cataluña o se planteen hacerlo, como ocurrió en el País Vasco en la época del plomo.
Creo que algunos lo habrán hecho y conozco catalanes que me hablan de los problemas que tienen sus hijos en el colegio, o que no puede hablarse con su hermano, que es independentista. Se están produciendo una auténtica fractura familiar y social.
Si a estas personas, que son catalanes pero no quieren la independencia y nadie las defiende, se van de Cataluña, es posible que en un futuro no muy lejano sólo se queden allí los independentistas.
Eso es posible. Yo lo llamo xenofobia. Pero prefiero ser más optimista y pensar que esos catalanes resistirán y que la resistencia que opongan a lo que usted plantea servirá para superar este conflicto. Yo creo que los catalanes son los que tienen que resolver esto y reconducirlo. Ver a los mossos defendiendo la legalidad, el orden público y la seguridad de todos los catalanes es lo mejor de lo que ha ocurrido estos días.
