Pedro Sánchez insiste en reclamar a Quim Torra que deje de "banalizar" la violencia en Catalunya. Al Gobierno le supo a poco la condena que hizo el presidente de la Generalitat "a rastras" la medianoche del miércoles. El presidente en funciones ha asegurado que no se puede "frivolizar" lo que está sucediendo en las calles después de que Torra dijera que hay "infiltrados" policiales entre los radicales, un extremo que el Ejecutivo niega categóricamente.
La crisis en Catalunya persiguió a Sánchez hasta Bruselas, donde varios de sus colegas del Consejo Europeo le preguntaron por las "imágenes" de disturbios que desde hace cuatro días tienen el protagonismo mediático en las noches televisivas. "Esta crisis se va a superar y el Estado va siempre a aplicar la legislación para garantizar la seguridad en Catalunya", ha afirmado Sánchez.
El presidente en funciones ha defendido su "moderación" en la respuesta a los altercados. "El estado de derecho no puede ceder al impulso de la exaltación", ha dicho en rueda de prensa en Bruselas al acabar el Consejo Europeo. En la misma línea que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Sánchez ha asegurado que no habrá impunidad para quienes delincan.
"Quienes cometen una ilegalidad responderán por ello más pronto que tarde. No habrá ninguna impunidad para los hechos vandálicos que hemos visto", ha sentenciado. Sánchez ha asegurado que la respuesta será "firme y proporcional".
El Gobierno admite que la jornada de este viernes es "sensible" ante la huelga en Catalunya. Sánchez ha defendido el "uso legítimo" que asiste a los participantes en su "derecho de manifestación": "Es la expresión de la fuerza viva de nuestra democracia, quienes la ponen en duda pueden comprobar que en España se respetan todas las libertades, derechos y opiniones. Nadie es condenado por sus ideas sino por sus acciones cuando son contrarias a la legalidad democrática", ha defendido.
El Ejecutivo ha puesto en marcha precisamente una campaña de propaganda especialmente destinada al público internacional para defender la democracia y el estado de derecho en España tras la sentencia que acaba de ser suspendida por la Junta Electoral al considerar que puede incurrir en electoralismo ya que aparecen solo miembros del Gobierno en la defensa de España, que es lo que ser persigue, aunque también se ataca a los nacionalistas.
Sobre la propuesta de Torra de celebrar un referéndum esta legislatura, Sánchez ha contestado: "Tras la sentencia, convivencia". Ha pedido al presidente catalán que gobierne para toda la sociedad y no solo para la parte independentistas. "Catalunya no es un solo pueblo tiene muchos pueblos, es una sociedad diversa plural", ha dicho en referencia al cántico en las manifestaciones independentistas.
En cuanto a la euroorden enviada por el juez Pablo Llarena para que Carles Puigdemont sea detenido por sedición y malversación, Sánchez se ha limitado a decir: "El Gobierno está trabajando en que se cumplan las decisiones basadas en la legalidad democrática por parte del poder judicial, dentro y fuera de nuestras fronteras".
El Consejo de Ministros, por su parte, ha seguido elevando la presión sobre la Generalitat. Tras varias ejecuciones de sentencia en las que ha solicitado con éxito que el Tribunal Supremo advierta a la Mesa del Parlament y al Govern de que incurrirían en delitos al llevar a cabo iniciativas relacionadas con la autodeterminación, el Gobierno ha llevado el Plan de Acción Exterior de la Generalitat.
El Gobierno ya había advertido en agosto de que veía inconstitucional dicho plan al entender que proyecta a Catalunya “como un Estado”. La tardanza se debe a que en ese momento mandó un requerimiento a la Generalitat para que modificara el plan en los términos en los que había sido aprobado. El Govern de Quim Torra ha respondido “negativamente”, según ha informado Isabel Celaá, por lo que el Ejecutivo lo llevará al Constitucional.
“El Gobierno considera que se vulneran las competencias” atribuidas al Estado en la proyección exterior: “El objetivo es que el Tribunal Constitucional declare que la comunidad autónoma ha menoscabado las competencias del Estado y ha vulnerado el principio de lealtad institucional”, ha expresado la portavoz del Consejo de Ministros.
