El mortífero amianto del metro de Madrid ya tiene una fama más que reconocida. Sus trabajadores estuvieron expuestos a esta sustancia cancerígena más de una década sin que el metro reconociera ante los empleados la presencia de dicha sustancia tóxica. Ahora, el Gobierno en funciones, a través de real decreto, quiere autorizar el aumento de la exposición laboral a tres sustancias cancerígenas: sílice cristalina, acrilamida y bromoetileno. Ante un posible repunte de casos de trabajadores enfermos ocasionado por una exposición hasta tres veces mayor que la vigente, CCOO y UGT han solicitado la revisión de estos valores antes de su aprobación por el Consejo de Ministros.
La nueva Directiva fija valores límites de exposición obligatorios para 14 sustancias cancerígenas, frente a los tres existentes en la anterior, pero los sindicatos consideran que se trata de un nivel de protección minima que puede ser mejorada. Pese a esta mejora, en el proyecto definitivo presentado a la Comisión Nacional, el Gobierno incrementa los valores límite de tres sustancias, aceptando las alegaciones de las empresas, organizaciones patronales y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), señalan ambos sindicatos. En el caso de la sílice cristalina se pasa de una exposición de 0,05 mg/m3 a 0,1 mg/m3, en el del bromoetileno de 2,2 mg/m3 a 4,4 mg/m3 y en el de la acrilamida de 0,03 mg/m3 a 0,1 mg/m3.
El valor límite del polvo respirable de sílice, que pasa a ser clasificado como cancerígeno con esta Directiva, fue aprobado en 2013 y se dio un periodo de dos años, hasta 2015, para su entrada en vigor con el fin de que las empresas pudieran adaptar sus equipos y organización de trabajo al nuevo límite. Tanto la acrilamida como el bromoetileno ya aparecían clasificados como cancerígenos o mutágenos y con los valores límites actuales en el documento de Límites de Exposición Profesional del año 2000.
La adopción de estas medidas supondría un retroceso de décadas en los niveles de protección, especialmente dramático en el caso de la sílice cristalina, debido al gran volumen de población trabajadora expuesta y al repunte de casos de trabajadores enfermos por este agente que se ha experimentado en nuestro país durante los últimos años. La silocisis, también conocida como la enfermedad de los mineros, deriva del polvo respirable de sílice y encabeza las listas de enfermades respiratorias de origen laboral en países desarrollados. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDE), 2,3 millones de personas se exponone al sílice cristalina respirable en su lugar de trabajo. 2 millones son trabajadores de la construcción y los 3 millones restantes trabajan en la industria en general.
Esta sustancia está presente en la arena, la pizarra y el granito y afecta, sobre todo, a trabajadores que se dedican al pulido de pisos, fabricación de encimeras o fractura hidráulica (fracking), aunque cualquier persona podría verse afectada. La mayoría de los brotes de esta enfermedad se producen en norte de España -Asturias y País Vasco, regiones tradicionalmente mineras-, aunque también han aparecido numerosos casos en Andalucía, así como en el sur de Madrid. Otro foco donde se oculta este compuesto químico es el techo. Este recobeco es el lugar perfecto para que dicha sustancia cancerígena se oculte y se vaya propagando a través del aire y los sistemas de ventilación.
La silicosis puede aparecer entre 10 o 20 años después de la exposición laboral y aunque esta haya cesado. Además, esta afección puede derivar en cáncer de pulmón y también se ha asociado a enfermedades del riñón y enfermedades autoinmunitarias. Para evitar una futura generación de extrabajadores enfermos CCOO y UGT reclaman que no se antepongan "la competitividad y los beneficios empresariales a la salud de la población trabajadora". Una reclamación que cobra mayor sentido teniendo en cuenta que las empresas ya deberían haberse adaptado a los niveles de protección establecidos legalmente desde hace años, cocluyen ambos sindicatos.
