Un año después hay decisión. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha ordenado la reapertura de la causa judicial abierta por el accidente de un avión, modelo Airbus militar A-400M, el 9 de mayo de 2015 en las inmediaciones del aeropuerto de San Pablo. Aquel fatídico día perdieron la vida cuatro miembros de la tripulación y dos resultaron heridos de gravedad.
El 2 de abril de 2018 la juez de Instrucción número 13 de Sevilla, María José Moreno, firmó un auto en el que decretaba el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas para investigar el accidente. Entonces, la magistrada consideró que no existían indicios para continuar la acción penal, aunque admitía en el auto que el accidente se produjo por «una concatenación de causas» pero ninguna de ellas con «suficiente» entidad para atribuir responsabilidades penales.
La instructora recogía en el citado auto que se producen «múltiples fallos» por parte de Airbus y de Europe International (EPI). La juez, para dar carpetazo a la investigación, contó con el apoyo de la Fiscalía y de las representaciones procesales de Airbus, la aseguradora de la compañía y EPI. El Ministerio Público, entonces, apuntaba que no había una imprudencia relevante a efectos penales de los operarios y de la tripulación del Airbus en el accidente.
Un año después
Esta decisión, por supuesto, fue recurrida en reforma ante el mismo órgano judicial por los abogados de las familias de los fallecidos y de los heridos. En sus respectivos recursos, además, los letrados de los miembros de la tripulación solicitaban la práctica de nuevas diligencias que no se habían realizado hasta el momento y que estimaban necesarias para determinar la posible responsabilidad penal de los distintos actores implicados en este terrible accidente aéreo en la capital andaluza.
La juez decidió continuar adelante con el archivo y en un auto de 20 de junio volvió a decretar el sobreseimiento de la causa, rechazando, al mismo tiempo, llevar a cabo más pruebas, como así lo pedían los afectados.
En el accidente perdieron la vida el piloto Jaime de Gandarillas, el copiloto Manuel Regueiro y los ingenieros Gabriel García Prieto y Jesualdo Martínez. Los que corrieron mejor suerte fueron los tripulantes José Luis de Augusto y Joaquín Muñoz Anaya.
Los representantes legales de unos y otros no se quedaron de brazos cruzados y recurrieron el archivo de la causa judicial, llevando el caso a la Audiencia de Sevilla. Estos recursos contaron con la impugnación del Ministerio Público, Airbus, la aseguradora y EPI.
Más pruebas
Ahora, un año después, la Sección Séptima ha emitido su resolución de los recursos. Fuentes del caso han asegurado a ABC que en un auto de once páginas y con fecha de 16 de octubre, el tribunal decide la revocación del archivo de la causa y ordena a la juez instructora la reapertura de las diligencias para seguir investigando.
Para la Sala, hay indicios de que «pudo haber falta de formación, documentación e instrucciones a la tripulación» que iba al frente de la aeronave, lo que podría suponer el origen del accidente. Es decir, la tripulación contaba con «falta de adiestramiento» con respecto al modelo de motor que llevaba la aeronave y su funcionamiento, lo que conllevó que no pudieran tomar las medidas oportunas para reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Además, durante el vuelo recibieron «información insuficiente» desde la cabina de control.
Eran las 12,54 horas del 9 de mayo de 2015 cuando el piloto comunicaba, nada más despegar en dirección norte, un fallo técnico en el aparato en el que viajaban seis personas durante un vuelo de prueba.
Igualmente, el tribunal insta a la magistrada María José Moreno a la práctica de las pruebas solicitadas por los abogados recurrentes con el firme propósito de esclarecer lo sucedido aquel caluroso sábado de mayo de hace cuatro años y depurar las posibles responsabilidades penales que pudieran recaer en la actuación de los distintos actores de los implicados en este terrible accidente.
