Los representantes demócratas que visitaron la Ciudad de México la semana anterior se reunieron con el Presidente López Obrador y a su regreso declararon que plantearon que México ofreciera una serie de garantías para el cumplimiento de las normas laborales del tratado. Y que estas garantías fueron verbalizadas y ahora esperan que sean puestas por escrito, conforme al dicho del presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard E. Neal.
Uno de los puntos más controvertidos que se ha puesto sobre la mesa es que los nuevos derechos laborales de libre afiliación sindical que terminarían con los sindicatos de protección, sean objeto de inspecciones independientes. También hay un tema sobre la industria farmacéutica que preocupa a los estadounidenses.
Neal dijo que se harían consultas a los sindicatos de los Estados Unidos (EU) antes de asumir compromisos para votar la ratificación, y enseguida el líder de la mayor central sindical AFL-CIO, Richard Trumka, declaró que ahora mismo sería un error colosal aprobar el tratado comercial.
Trumka se había reunido semanas antes en México con el propio Presidente a quién expuso sus preocupaciones sobre los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores mexicanos. El Gobierno de México habría ofrecido aumentar los presupuestos para reforzar las inspecciones y para la implementación de las reformas a las leyes laborales según declaró Jimmy Panetta, otro de los integrantes de la delegación de congresistas que visitaron la capital mexicana. “El Presidente demostró su compromiso no sólo con los estándares laborales, la aplicación que es necesaria, sino también con el presupuesto”, dijo. Los representantes de los dos países habrían dejado la reunión “en la misma página”.
Por otra parte, el texto del tratado comercial, ya aprobado por México, establece un nuevo sistema de protección de la propiedad intelectual para la industria farmacéutica que ha despertado inquietudes en ambos lados de la frontera. Específicamente, el T-MEC amplía la protección para los derechos de las patentes. En este momento, EU ofrece 12 años de protección reglamentaria para los medicamentos biológicos. Durante este tiempo, los competidores no pueden acceder a los datos de laboratorio o de ensayos clínicos de los innovadores. Esto significa que las empresas rivales no pueden adelantarse en la fabricación de imitaciones, lo que ofrece a los innovadores una mejor oportunidad de recuperar sus costes iniciales de investigación.
Canadá ofrece a los innovadores sólo ocho años de protección de datos reglamentarios. México, por su parte, no cuenta con leyes de protección para los nuevos productos biológicos. Por lo tanto, el tratado elevaría las protecciones de Canadá y México más cerca de los estándares de Estados Unidos al requerir que ambas naciones ofrezcan a los fabricantes de medicamentos una década completa de protección de datos regulatorios para los productos biológicos. Pero el estándar actual de 12 años seguiría siendo el mismo para la Unión Americana.
Otro tema sensible es que, una vez en vigor, el acuerdo comercial también evitaría que las firmas de genéricos en México y Canadá copien prematuramente las innovaciones médicas de Estados Unidos, lo que aumentaría el potencial de más investigaciones y curas biológicas de vanguardia. Pero al mismo tiempo puede significar un aumento en el precio de algunos medicamentos. Los demócratas han expresado que temen que estos aumentos repercutan en los precios en los tres países y por eso han puesto sobre la mesa ciertas medidas para impedir que esto suceda.
Al parecer, en ambos temas hay un entendimiento verbal que debe ser traducido a propuestas por escrito que deben ser analizadas por los representantes del Capitolio para tratar de que se someta a votación. Para el Gobierno de México la ratificación es de vital importancia para revertir la caída en las inversiones que resiente la economía real y para Estados Unidos garantiza ventas de productos sensibles como los agropecuarios.
Sin embargo, a pesar de las coincidencias el camino aún puede tener escollos políticos. El juicio político promovido contra Trump puede polarizar y paralizar las agendas de trabajo bipartidista que, de por sí, normalmente se paraliza en la temporada electoral que, de hecho, comienza a inicios del año próximo.
Aunque se critique el pragmatismo de López Obrador al ceder en algunos puntos, es de reconocer que es necesario avanzar lo antes posible y conseguir la aprobación legislativa. Al fin de cuentas, en ambos temas se trata de homologar normas, y en el caso de los derechos laborales sería un cambio real y sustantivo que aumente el ámbito de las libertades de los trabajadores. Un muy buen legado político. Lo mismo sucede con la protección de patentes que da mayor certidumbre a la industria.
