Carles Puigdemont quiere que la Justicia belga se pronuncie sobre los vínculos que se le atribuyen con los Comités de Defensa de la República (CDR) en la investigación por terrorismo que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El ex presidente de la Generalitat calificó ayer –en una entrevista en Catalunya Ràdio– de «delirio» y «fantasía pura y dura» esas informaciones, que señalan a su hermana Anna como enlace con Quim Torra –en un encuentro al que habrían asistido supuestamente cinco de los miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR en prisión– con el cometido de entregar al líder soberanista documentación sensible. Pero ahora Puigdemont quiere dar un paso más y sus abogados planean presentar en Bruselas una demanda por vulneración del derecho al honor. «Se le vincula con una investigación por terrorismo y eso, además de suponer un desprestigio y atentar contra su honor, puede causarle serios problemas legales en el extranjero si se reactiva la euroorden contra él» tras la sentencia del «procés», aseguran fuentes próximas al ex president.
Y es que en el entorno del antecesor de Quim Torra están convencidos de que se trata de «una maniobra para cebar la reactivación de la euroorden».
La referencia a Puigdemont, que figura en algunos de los autos de prisión de los integrantes del ERT detenidos, ha soliviantado al líder soberanista. Y más aún su filtración en una causa declarada secreta. Pero, ¿contra quién presentar esa hipotética demanda si esas pinceladas de la investigación figuran en un auto judicial? Las fuentes consultadas aseguran que la denuncia se dirigiría contra la Fiscalía y determinados medios de comunicación. «El daño contra Puigdemont ya está hecho –se quejan–. Parece que contra él todo vale. La vulneración de la presunción de inocencia es grosera y ése ha sido siempre, y sigue siendo, uno de nuestros puntales ante la jurisdicción belga». «No se puede vincular a nadie de forma categórica con una investigación por delitos de terrorismo», añaden.
El precedente de Llarena
Los abogados de Puigdemont y de los otros cuatro ex consellers fugados ya llevaron ante la Justicia belga al instructor de la causa del «procés», el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, contra quien plantearon en julio del pasado año una demanda civil por una supuesta falta de imparcialidad del magistrado. Según la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, esa denuncia se presentó «en un evidente fraude de ley» al haberse alterado la literalidad de unas declaraciones públicas que se atribuían a Llarena, algo que la defensa del ex president atribuyó a un error.
En la resolución judicial se asegura que el ERT (al que pertenecían supuestamente los siete CDR detenidos) «organizó, planificó y ejecutó una reunión secreta in itinere con la hermana del ex president Carles Puigdemont con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras» entre Puigdemont y Torra. Anna Puigdemont ha negado en un comunicado que asistiera a esa reunión con los CDR.
