El PP no quería centrar esta campaña electoral en el artículo 155 de la Constitución, pero la estrategia del PSOE y las sombras sobre por dónde puede evolucionar la situación en Cataluña lo han colocado ya en el centro del debate político.Si la campaña queda, finalmente, atrapada en la intervención de la Generalitat, el PP, el nuevo PP de Casado, está obligado a corregir los errores que cometió Mariano Rajoy en su desarrollo del 155 para responder a la declaración unilateral de independencia del 1-O.
En Génova asumen que su posición deberá conectar con un 155 amplio, aquello de la intervención «dura» que rechazó Rajoy para someterse a las limitaciones impuestas por el consenso. Esto implica retomar la exigencia de que se intervengan los Mossos, TV3 y que la toma de control de la Generalitat perdure el tiempo necesario para garantizar que el regreso a la legalidad y la lealtad institucional no es un mero trámite por parte del independentismo para volver de nuevo a las andadas. Rajoy disolvió la Generalitat de Puigdemont para convocar de manera inmediata unas elecciones autonómicas.
El punto de inflexión lo marcará la respuesta de la dirección independentista a la sentencia del «procés». Hasta dónde llega la movilización ciudadana, si hay violencia y si se cumplen los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional para que pueda volver a aplicarse el 155. A esa sentencia apela ahora el discurso del PP para justificar que la intervención de la Generalitat no sea su bandera electoral. Según la interpretación que hacen del fallo del Constitucional, para aplicar ahora el 155 habría que esperar a que Quim Torra, presidente de la Generalitat, desobedezca la suspensión de las resoluciones del Parlamento catalán. «No hay 155 preventivo», subrayan, contra «la demagogia» de Ciudadanos y de Vox. Y en esto coinciden con expertos en derecho constitucional, aunque el ruido político apunte en otro sentido.
A partir de ahora Torra puede limitarse a alentar la desobediencia civil. Puede incurrir en la desobediencia institucional contra el criterio de ERC. Puede abrir las puertas de las cárceles a los líderes independentistas juzgados por el «golpe» del 1-O una vez que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo. Puede adelantar la concesión del tercer grado o hasta proclamar de nuevo la independencia. Pero hasta que no haya hechos, el PP de Casado subraya que no se dan las condiciones excepcionales que exige el Constitucional para que se aplique el 155. Esta recolocación, que tiene muy en cuenta la grave crisis del PP en Cataluña, ya que sólo salvó un escaño en abril, hay que conectarla con el hecho de que el 155 de Rajoy no dejó un buen recuerdo ni entre su electorado nacional ni tampoco en el catalán.
Mientras se aclara por dónde evoluciona el independentismo el PP ha empezado a presionar al Gobierno en funciones con la exigencia de otras medidas puntuales. Como, por ejemplo, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. El problema es que esta posibilidad ya la exploró técnicamente el Gobierno de Rajoy, y fue desestimada. La ley exige un desarrollo dispositivo parlamentario para invadir competencias autonómicas, como las que tiene la Generalitat en materia de seguridad, y esto haría que el proceso se alargue mucho en el tiempo. La Ley de Seguridad Nacional no es una solución para actuar con diligencia, pero son tiempos de política cortoplacista y reducida al interés electoral.
El PP también reclama al Gobierno en funciones la intervención de las cuentas de la Generalitat y otras actuaciones como la aplicación de la Ley de Acción Exterior contra las «embajadas» de Torra. Además de más inspección educativa, la Ley General Penitenciaria para evitar mítines de los presos o la Ley Audovisual para que no haya propaganda en los medios públicos, como detalló ayer Casado en su intervención en el Congreso Bienal Iberoameticano.
De momento, todo está sometido a la decisión del candidato socialista, Pedro Sánchez, de erigirse en el principal promotor de que la intervención de la Generalitat juegue ya en el debate electoral. Ayer, en una entrevista en la Cadena Ser, adelantó que la situación del Gobierno en funciones no impediría que se active esta medida excepcional de darse las circunstancias necesarias, que aún no existen.
Todos los elementos evolucionan en dirección a hacer cada vez más verosímil la hipótesis de que en mitad de la campaña Sánchez tenga que convocar a Casado y a Rivera en La Moncloa para plantearles medidas excepcionales para responder a la ofensiva del independentismo contra la sentencia del «procés».
Una respuesta de Estado, que en clave estrictamente electoral puede sumar mucho al PSOE, y bastante menos al PP y a Ciudadanos, al desdibujar su discurso como garantes de la unidad nacional.
