Mercedes Aráoz, vicepresidenta de Perú y presidenta interina del país según la facción de congresistas opositores que no aceptan la disolución del Parlamento decretada por el Ejecutivo, fue denunciada este martes ante la Fiscalía por el delito de usurpación de funciones.
Así lo anunció el legislador del izquierdista Frente Amplio Marco Arana en las afueras de la Fiscalía, a la que llegó a pie y acompañado por su homólogo Wilbert Rozas para presentar la denuncia, que también se extendió al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y la diputada Milagros Salazar por las acciones que emprendieron el lunes para enfrentar ilegalmente la disolución de la Cámara.
«Lo que ha ocurrido es una situación ilegal. Una situación que ha apuntado en contra de la democracia y la institución parlamentaria», señaló Arana.
«Aráoz no debió conspirar como lo hizo durante todas estas semanas contra el propio presidente de la República», criticó Arana, quien tras la disolución del Congreso continuará en su labor como miembro de la Comisión Permanente, conformada por 29 legisladores y que no puede ser disuelta, según establece la Constitución.
El congresista aseguró que Aráoz, quien también era legisladora, «venía conspirando» desde su cargo de vicepresidenta «para hacerse del poder», lo cual hizo con base en la confianza que la une con el presidente del Congreso, Pedro Olaechea.
Arana señaló que la denuncia ante la Fiscalía también alcanzará a la congresista fujimorista Milagros Salazar. Dijo que esto es «por haber presentado la moción de vacancia presidencial» en el Congreso contra Martín Vizcarra, aun cuando este ya había dispuesto la disolución de ese poder.
Vizcarra anunció el lunes la disolución del Congreso peruano amparándose en la Constitución. Esto con el objetivo de poner fin a la crisis política que lo enfrentaba con la oposición dominada por el fujimorismo.
«He decidido disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas. Esto es un acto constitucional», señaló Vizcarra en un mensaje televisado luego de que el Congreso decidiera votar por la elección magistrados para el Tribunal Constitucional a pesar de un pedido expreso en contra del Ejecutivo.
El resultado de esa controvertida votación fue además «fraudulenta», según Arana. Explicó que ya que el magistrado que resultó electo es primo de Olaechea, lo que configura «una grave infracción constitucional».
En esa línea, consideró que lo que continúa para el país es «restablecer el Estado de Derecho. La democracia es lo que está en juego y la lucha contra la corrupción».
En el primer día desde la disolución del Congreso, la capital peruana mostró calma y normalidad. Solo con un cierre parcial de la céntrica avenida Abancay, cercana al Parlamento, efectuada por medidas de seguridad por la Policía Nacional del Perú.
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