El Gobierno ha vuelto a poner en el punto de mira el artículo 155 de la Constitución, y parece tener claro cómo lo activaría si la situación Cataluña obliga a recurrir al mismo mecanismo que aplicó Mariano Rajoy para frenar el plan independentista de Carlos Puigdemont, en el otoño de 2017.
Dado que el país se encuentra en una situación excepcional, con la Cortes Generales disueltas y en pleno periodo electoral, ayer Pedro Sánchez afirmó en la Cadena SER que “un Gobierno en funciones tiene las capacidades mucho más mermadas, pero el 155 se puede aplicar en funciones sin problemas”.
El Gobierno ha estudiado esa vía excepcional, en efecto, y no ha encontrado ningún problema constitucional ni de legitimidad para ponerla en marcha.
Fuentes del Gobierno consultadas por ECD confirman que, de verse en la situación de aplicar el artículo 155, el procedimiento sería muy similar al de 2017. Estos son los pasos que tiene previstos:
En 2017, con Mariano Rajoy en el Gobierno, el Partido Popular, que contaba con mayoría absoluta en el Senado, negoció el apoyo del PSOE y el de Ciudadanos, para contar con el respaldo de tres grandes partidos nacionales a la respuesta frente al desafío secesionista.
Desde el Senado explican a ECD que no existe nada escrito específicamente para este caso en concreto, ni en la Constitución, ni en el reglamento del Senado. Sin embargo, dicen que en el caso de plantearse, “se examinará la manera de llevarlo a cabo”.
Y es que el mecanismo de coerción constitucional a un gobierno autonómico que “no cumpliere las que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España” no ha sido desarrollado más allá del artículo 155 de la Carta Magna.
No existe una ley que especifique más cómo aplicarlo, y de hecho la de 2017 fue la primera vez en los 40 años de vigencia de la Constitución en que se llegó a activar totalmente. Sólo antes, en 1989, Felipe González recurrió al requerimiento previo para que el gobierno de Canarias adoptara ciertas medidas arancelarias relativas a los productos de la Comunidad Europea. El requerimiento fue atendido y no fue necesario continuar con el trámite que prevé el texto constitucional.