La convicción de que Ciudadanos sufrirá un fuerte deterioro electoral es uno de los elementos que están en el radar de La Moncloa y que motivaron, en su momento, la decisión de no ceder en las negociaciones y buscar la repetición electoral. El paso siguiente es llegar a los electores por su flanco derecho, para lo que Pedro Sánchez ha cambiado su discurso sobre Cataluña. Poniendo el acento en la constante advertencia respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ayer el presidente del Ejecutivo avisó a la Generalitat «que no juegue con fuego», refiriéndose a su rechazo a condenar la violencia y adviritó que el 155 «se puede aplicar con un Gobierno en funciones». Apenas han pasado nueve meses de sus intentos de acercamiento al independentismo, cuando criticaba a «aquellos que hablan del artículo 155 y que abogan por un 155 perpetuo» porque «lo que quieren es perpetuar la crisis en Cataluña».
El presidente del Gobierno ha mutado por completo. De una estrategia política que pretendía orillar el conflicto catalán a un discurso de precampaña electoral en el que él mismo ha querido poner encima de la mesa la posibilidad de aplicar el artículo 155. Lo hace tanto en entrevistas como en actos de partido, sin que medie pregunta al respecto sino por voluntad propia. El cambio es abismal, empezando por el lema de campaña «Ahora, España», si se compara con su acción de Gobierno. No hay que olvidar aquella declaración de Pedralbes en las que se ignoraban las referencias explícitas a la Constitución. Ni sus críticas a Pablo Casado y Albert Rivera por haber venido reclamando esta aplicación. Ahora intenta capitalizar en campaña una eventual aplicación e intentar llegar hacia un electorado que sitúa la integridad territorial como su prioridad.
En contraste con su discurso de estos meses, Sánchez desveló que ya se ha estudiado la posibilidad de aplicarlo con las cámaras disueltas: «El Gobierno de España lo ha estudiado y no habría ningún problema ni desde el punto de vista de la constitucionalidad ni de la legitimidad. La Diputación Permanente del Senado permanece abierta, con plenas capacidades. Habría sin lugar a dudas posibilidad de actuar a través del 155».
El presidente aseguró que se enviará un requerimiento a la Mesa del Parlament de Cataluña. Fuentes del Gobierno explicaron más tarde que las resoluciones aprobadas por el Parlamento catalán en el debate de política general vulneran la Constitución y que pueden ser recurridas ante el TC por dos vías: la impugnación de disposiciones autonómicas tras solicitar dictamen al Consejo de Estado y la segunda mediante un incidente de ejecución de sentencia. En el Gobierno resaltan que lo normal sería la segunda vía ya que dichas resoluciones no solo son contrarias a la Constitución sino que contradicen un pronunciamiento del TC. «El planteamiento del incidente conlleva automáticamente la suspensión de la resolución recurrida. Pero, además, al plantear el incidente, el Gobierno puede solicitar al Tribunal que en la providencia de admisión requiera personalmente al presidente del Parlament y a los miembros de la Mesa, notificándoles su deber de abstenerse de tramitar cualquier nueva iniciativa que ponga en cuestión la suspensión», aseguran desde el Gobierno.
Los pactos de Sánchez
El PP ve poco «creíble» a Sánchez ahora que intenta pasar por «el más constitucionalista». Cayetana Álvarez de Toledo criticó el ejercicio de «travestismo político» del presidente en funciones, mientras que Pablo Casado cree que si Sánchez pretende que se le tome en serio debe romper ya los pactos que mantiene con los independentistas en 40 ayuntamientos catalanes y en la Diputación de Barcelona. El líder del PP ve difícil que Sánchez, que «debe el cargo» a Torra y Puigdemont, vaya a poner orden ahora.
En el PP también se ha producido un cambio respecto al 155, pero a la inversa. Si en la campaña de abril Casado prometió que lo activaría en su primer Consejo de Ministros si llegaba a La Moncloa, ahora el PP es más cauto y, con la sentencia del TC del pasado verano en la mano, cree que no se dan las circunstancias «objetivas» para que se ponga en marcha. El primer paso, según advirtió Casado, debe ser el recurso de las últimas resoluciones del Parlamento autonómico catalán, algo que el Gobierno en funciones aún no ha hecho. Fuentes del partido señalaron que el 155 no puede aplicarse «a lo loco», con el riesgo de que luego lo tumbe el TC y salgan fortalecidos los separatistas. Eso sí, si el Gobierno decide activarlo, el PP dirá «sí».
Antes de poner en marcha ese artículo de la Constitución para intervenir en Cataluña, Casado pidió a Sánchez que active cuanto antes otras medidas. El PP ha izado la bandera de la ley de Seguridad Nacional, para controlar todos los cuerpos de seguridad en Cataluña, incluidos los Mossos y la policía urbana, y para desmontar el conocido como «centro de inteligencia» catalán.
Hay otras leyes que, según Casado, hay que aplicar en Cataluña desde ya. El líder del PP se refirió a la ley de Acción exterior, la alta inspección educativa, la ley penitenciaria para evitar «mítines» en las cárceles, la ley audiovisual para evitar la propaganda en los medios públicos, y la ley de estabilidad presupuestaria, para que no se financie el separatismo.
