Con 47 votos a favor de Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM, 13 en contra del PAN, PRI y PRD, y dos abstenciones de MC, las comisiones unidas de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados avalaron este martes el dictamen de la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana, con los cambios efectuados por los senadores.
El paquete de reformas incluyen también modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y pasará de inmediato al Pleno de los 500 legisladores para su discusión y votación.
El dictamen establece que la Ley de Austeridad marca los lineamientos para el “comportamiento austero y probo de los servidores públicos”; se establece que “se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en los presupuestos de egresos”.
Indica que “por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
“Por ningún motivo se autorizarán pensiones al titular del Poder Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, destaca.
La oposición criticó las modificaciones hechas por el Senado para elevar de cinco a 10 años el lapso en que exfuncionarios de alto nivel deben dejar pasar para contratarse en empresas privadas, tal como lo solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificaron como “un exceso”.
Los diputados del PT, Reginaldo Sandoval y Benjamín Robles, explicaron que esta prohibición es para “los grupos jerárquicos de mando superior”, que además manejen “información privilegiada”, y que no podrán trabajar sólo en el sector vinculado al cargo que ocuparon.
Entre otros muchos rubros, también expone que se prohíbe la compra o venta de vehículos de lujo para el transporte y traslado de los servidores públicos; las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se realizarán previa justificación; se prohíben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado.
Además, se establece que los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo Federal serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil, así como al traslado de enfermos.
Se señala que la Secretaría de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público elaborarán y remitirán los lineamientos para regular las medidas mencionadas.
