Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que la Ley de Amnistía que se analiza en la Cámara de Diputados busca beneficiar a la comunidad de mujeres que por falta de recursos económicos, por mala asesoría o representación jurídica, o por extrema pobreza, están purgando condenas.
En la presentación del Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión, realizado por la organización Reinserta, el legislador comentó que la mayor parte de mujeres procesadas, son por delitos contra la salud en sus distintas modalidades: siembra, cultivo, transporte de enervantes o de droga.
“Cerca de tres mil mujeres tienen esa condición de estar procesadas o condenadas por estos delitos que lamentablemente se han presentado”, dijo.
Señaló que cerca de 800 niños están en prisión porque sus madres son procesadas o condenadas, además de los que entran y salen de los centros penitenciarios. Monreal Ávila reconoció que se tiene mucho por hacer ante los retos del sistema penitenciario en materia de maternidad y paternidad en prisión.
En tanto, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, admitió que la propuesta de Ley de Amnistía tiene una visión doble: beneficiar a quien no tiene la posibilidad económica de pagar una fianza y obtener su libertad, y para quienes son de origen indígena que no hablan español y que fueron procesados sin contar un intérprete durante su proceso, “entre otros que hayan cometido delitos sin violencia y que sean primo delincuentes, lo que va de la mano de los menores que están en estos lugares y que son los más inocentes”.
En tanto, Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de la organización Reinserta, dijo que es necesario impulsar la creación de una Ley General de Maternidad Compartida, y una Ley que prevea mecanismos y políticas públicas para el ejercicio de la paternidad en prisión.
Resaltó que los estados encuestados fueron Baja California Sur, Sinaloa, Estado y Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Quinta Roo y Tabasco. En ellos, se encontraron mil 28 madres y mil 795 padres en prisión.
En el diagnóstico se observa que 78 por ciento de las mujeres que trabajan en el centro de reinserción, utilizan el dinero que ganan para cubrir sus necesidades, mientras que 52 por ciento para la manutención de sus menores. En tanto, 87 por ciento de los hombres desarrolla una actividad laboral y oficio; cuatro de cada 10 manifestaron que son el principal sustento económico de sus familias al exterior.
El promedio de sentencia de las mujeres encuestadas fue de 21.07 años y de 17.2 años para hombres. 29 por ciento de las mujeres tuvo un embarazo en el centro de reinserción; 83 por ciento tienen entre uno y tres hijos menores de edad y 53 por ciento recibió atención prenatal dentro del centro.
En el caso de los hombres, 98 por ciento no tiene hijos viviendo en un centro con su madre, 24 por ciento perdió la patria potestad por estar en la cárcel, y 52 por ciento son visitados por sus hijas e hijos.
AE
