El Presidente de la República es un firme convencido de reestablecer el papel transformador del Estado. Andrés Manuel López Obrador entiende que el poder político debe ponerle límites al poder económico. Es crítico de la fusión entre ambos poderes, algo que vimos con especial intensidad durante el peñanietismo. De esta manera, López Obrador busca garantizar la autonomía de lo político y su capacidad de cambio. Un Estado colonizado por intereses económicos es un aparato incapaz de responder al interés público. Y tiene razón el Presidente.
Sin embargo, esa apelación a la autonomía frente a los poderes empresariales, no tiene una correspondencia frente a los intereses sindicales. López Obrador no duda en llamar aliados a muchos gremios que, por décadas, fueron columna vertebral de lo que él llama el viejo régimen. No es ninguna exageración decir que la Cuarta Transformación asume a los viejos gremios oficialistas, si no como aliados naturales, sí como compañeros de viaje. Es cierto, el nuevo Gobierno apoya la democracia y la libertad sindical, pero al mismo tiempo opera para que los sindicatos hegemónicos aceiten sus correas de transmisión. Las leyes secundarias de la reforma educativa son un ejemplo de ello.
Es difícil encontrar un momento en la historia política reciente del país en donde tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estén de acuerdo en los elementos que debe contener una reforma del sistema educativo. La CNTE nace como movimiento crítico en contra del sindicalismo charro y oficialista del ex líder magisterial Carlos Jonguitud Barrios; mientras que el SNTE siempre ha visto a la CNTE como un movimiento de revoltosos y antisistema. Sin embargo, en esta coyuntura en concreto, los extraños caminos de la Cuarta Transformación pusieron de acuerdo a Elba Esther Gordillo y a la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca. Al agua y al aceite. Así de complejo es el rompecabezas obradorista.
La reforma educativa del Presidente tiene aspectos innegablemente positivos. Reconoce la pluralidad nacional (error de la reforma del Pacto por México). Pone acento en la formación y no sólo en las consecuencias de reprobar la evaluación. Entiende que México debe dar el salto en la calidad educativa, pero teniendo a las y los maestros como aliados. Incorporara rasgos educativos valiosos como los Derechos Humanos, la perspectiva de género, la educación sexual. Se parte de la idea de construir comunidades educativas y la actual administración apuesta por un ingreso magisterial multidimensional, en donde se evalúe no sólo el conocimiento del profesorado, sino también sus capacidades pedagógicas.
Empero, toda esta enunciación pende de un hilo cuando las cúpulas sindicales juegan un rol que no deben en materia de la definición de la política y la nómina educativas. Es cierto, el atraso educativo en México no es sólo achacable al SNTE o a la CNTE. El fracaso educativo nacional obedece a múltiples factores: exclusión, desigualdad, deserción, falta de infraestructura, métodos de enseñanza obsoletos, violencia y un larguísimo etcétera. Sin embargo, no podemos obviar que las cúpulas sindicales también tienen su responsabilidad. Ellos, también, han optado por jugar un papel de control político, peleando por privilegios para la cúpula gremial, pero olvidando luchar por las condiciones laborales del magisterio.
Y el elemento preocupante es el retorno de las comisiones mixtas -como antes se llamaban- ahora bautizadas como comisiones tripartitas. Estos espacios de interlocución que incluyen a autoridades locales, nacionales y a los gremios, serán clave en la definición de quién ocupa una plaza en el sistema pública de educación. Cito: “las representaciones sindicales estarán incluidas para decidir la asignación de plazas, los ascensos e incluso los cambios de centros de trabajo de los empleados de la educación, esto como una garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores”.
De esta manera, las comisiones tripartitas son, en esencia, la aceptación de que el Estado debe compartir con los gremios la rectoría de la política educativa en el país. Sabemos que no existe un mecanismo de control político más determinante que tener el poder de definir la carrera magisterial. Nunca me creí esa idea de que la reforma de Peña Nieto suponía una apuesta meritocrática, pero lo cierto es que al menos permitía que el profesorado tuviera una ruta definida para mejorar sus condiciones económicas y laborales. El regreso de las comisiones lo que hace es romper esa escalera y devolverle la pelota a los gremios. En ese sentido, será más importante quedar bien con los líderes sindicales en lugar de rendir en donde tiene que hacerlo un profesor: en el aula.
La mayor tragedia es que los elementos político-administrativos de la educación volvieron a eclipsar la discusión sobre el modelo educativo. En el mundo se están discutiendo innovaciones, tecnologías, conocimientos para revolucionar la educación en un mundo tan competitivo y en México seguimos atorados en las legislaciones que exigen los sindicatos para aceitar su control sobre el magisterio. No nos preguntamos por qué los niños mexicanos no aprenden bien matemáticas o por qué tenemos un nivel tan alto de deserción. Eso no importa a los sindicatos que querían su revancha frente al Gobierno anterior y la coalición del Pacto por México. Incluso, “no dejar ni una coma de la mal llamada reforma educativa” fue más poderoso para López Obrador que su defensa irrestricta de la rectoría del Estado en la educación.
Siempre me he negado a ver la realidad en blancos y negros. Los matices son fundamentales en momentos de tan marcado partidismo (sea del oficialismo o de la oposición). Siguiendo esta línea, la reforma educativa no es un desastre como a veces vociferan los archicríticos de López Obrador. Tampoco es cierto que hipotecó el futuro del país por unos cuantos votos. Sin embargo, como sostiene Carlos Bravo Regidor, el Presidente se apoya en una fórmula de asignación de plazas que ya demostró su fracaso en el pasado. “Pesó más la esperanza que la evidencia”, dice el académico. El Presidente, y su mayoría legislativa, prefirieron el pragmatismo, contentando a los sindicatos y a sus cúpulas corruptas. Lo dijo hace años Albert Einstein: la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Este camino ya lo andamos y el final lo conocemos bien.
