El sistema del gas en España es un cosmos complejo, con sus propias reglas e intereses encontrados, y desde que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) propusiera un cambio de modelo, el sector ha entrado en una disputa de difícil solución. En julio, los proyectos de circulares del organismo que vela por la competencia plantearon unos fuertes recortes en las retribuciones para el próximo periodo regulatorio, entre 2021 y 2026. La primera reacción llegó hace un mes, y fueron las alegaciones de la gran industria española —aquellos sectores que acaparan el 80% del consumo total de gas—, que solicitó a la CNMC una rebaja de 1.500 millones de euros en las retribuciones de las actividades del sector gasista. Ahora, el otro bando también ha entrado en liza.
En una carta enviada en fecha reciente al regulador, a la que ha tenido acceso ABC, los grandes inversores que sostienen a las compañías gasísticas han expresado su «profundo desacuerdo» con los cambios propuestos, que entrarían en vigor de forma progresiva, a lo largo de cuatro años, a partir de 2021. En concreto, la retribución de la distribución de este combustible quedaría fijada en 1.420 millones de euros anuales, un 17,8% menos que la actual, mientras que para el transporte de gas y regasificación se situaría en 1.186 millones de euros, un 21,8% menos. Unos cambios «desproporcionados e impredecibles», según los inversores, que «supondrían una caída en la retribución de, al menos, el 32% para el sector».
Destrucción de empleo
Estas nuevas condiciones, alega el músculo inversor, conducirían a la «parálisis del sector», con graves repercusiones en el empleo. De hecho, el convenio de la distribuidora Madrileña Red de Gas (MRG) garantiza la estabilidad de toda la plantilla fija, «salvo que se produzcan cambios sustanciales» en el marco regulatorio. Por eso, en caso de que las circulares no varíen, «los ajustes de plantilla no se pueden descartar y todas las opciones están encima de la mesa», declaran fuentes de MRG, la tercera mayor compañía de distribución de gas natural por puntos de suministro (898.000). Este impacto negativo, que podría traducirse en la tramitación de un ERE (Expediente de Regulación de Empleo), como afirman las mismas fuentes, se extendería al resto de compañías. Así las cosas, la imposición de esta nueva retribución sería como artillería pesada sobre las empresas gasísticas, que solo las más fuertes podrían resistir, como Naturgy.
Esta misiva la firman inversores internacionales e institucionales, que representan a fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos y firmas de inversión privada que han inyectado miles de millones de euros en el sistema de distribución de gas español. «Su criterio de inversión es asegurar los activos, la estabilidad a largo plazo», explican desde MRG, y no altas rentabilidades. Y es que uno de los principales argumentos de la CNMC para cambiar las reglas del juego es que las compañías de gas ganan demasiado.
No obstante, el ROE medio —tipo de interés a pagar por la inversión realizada— del sector de distribución de gas fue del 7,53% entre 2016 y 2018. Una rentabilidad, que le corresponde pagar al Estado, menor que la de Estados Unidos, por ejemplo, donde ronda el 10%. Por ello, los inversores que se dirigen a la CNMC (accionistas de MRG y Naturgy) advierten del riesgo que entraña trastocar las retribuciones, que puede espantar a la inversión extranjera, atraída por estos países con rentabilidades más elevadas y regulaciones más estables.
Mientras tanto, el Gobierno en funciones no ha ido más allá de pronunciarse en contra de las circulares y llamar a la negociación. Y eso que esta contienda cuenta con un trasfondo político, ya que penalizar el gas natural, una fuente de energía limpia y pilar de la descarbonización, contradice los objetivos del Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, también destinataria de la carta, así como la titular del Ministerio de Economía, Nadia Calviño.
El siguiente capítulo de esta batalla tendrá lugar el próximo miércoles, cuando la CNMC revisará las alegaciones a su propuesta de modelo, para las que ha permitido un plazo de cinco semanas, que los inversores consideran insuficiente. Su último recurso, en caso de que no se alteren las circulares, será acudir a los tribunales internacionales.
