La diputada priista Mariana Fernández responsabilizó a los legisladores de Movimiento Ciudadano de atorar el tema por no acudir a las sesiones de la comisión
Aunque es resultado de la primera iniciativa preferente presentada por el gobernador, la integración del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Gobernanza se entrampó en el Congreso del Estado y se incumplirá la fecha límite marcada para su conformación que es el 9 de octubre.
La diputada priista Mariana Fernández, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, responsabilizó a los legisladores de Movimiento Ciudadano de atorar el tema por no acudir a las sesiones de la comisión, que no se han realizado por falta de quórum.
El desacuerdo se dio por posturas encontradas sobre si la convocatoria tiene que declararse desierta y repetir el proceso. En el primer ejercicio se inscribieron 24 personas y sólo seis habrían cumplido con los requisitos. Se debe elegir por insaculación (sorteo) a once consejeros. La diputada priista planteó que sólo se repitan los espacios que queden pendientes mientras que los emecistas buscan que se reponga todo el proceso.
El Consejo es relevante pues le quitó facultades al Instituto Electoral del Estado y será el encargado de aprobar la aplicación de mecanismos como la consulta popular, el referéndum, plebiscito o revocación de mandato. Las solicitudes de herramientas de participación están detenidas debido a que no se contempló qué pasará con su trámite mientras se integra el nuevo Consejo.
"Si se incumple la fecha se declara desierta esa convocatoria, el tema es que se tendrá que presentar una reforma para que mientras se resuelve el tema del Consejo las atribuciones de darle entrada a los mecanismos las vuelva asumir el Instituto Electoral", comentó la priista.
En la primera convocatoria no se apuntó ningún representante de organizaciones civiles del interior del estado. Se recibieron cuatro solicitudes de universidades; una del sector empresarial; cuatro de organizaciones civiles de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Un miembro de pueblos originarios, una persona con discapacidad, una integrante de colectivos feministas; tres representantes de grupos de la diversidad sexual, cinco de jóvenes, dos de adultos mayores y dos de padres de familia.
LS
