Hace algunos días, el Gobierno anunció la decisión de congelar el salario mínimo para el resto del año. Esto significa que el ajuste establecido en marzo del 2018 seguirá vigente hasta febrero del 2020. Dos años con salarios congelados.
Detrás de esa decisión hay implicaciones económicas, sociales y políticas. Pero sobre todo implicaciones humanas, ya que es una medida que agrava las penurias de miles de familias nicaragüenses. Significa que habrá menos frijoles en las mesas, o que no habrá frijoles. Significa que habrá menos tortillas en las mesas, o que no habrá tortillas. Significa que habrá menos medicinas en caso de enfermedad, o que no habrá medicinas.
Vamos a los números. Como de costumbre, no vamos a discutir la validez de las cifras oficiales. Vamos a trabajar con los mismos datos que proporciona el gobierno.
Según el Banco Central, al terminar el mes de julio el costo de la canasta básica fue de 14.160 córdobas. El componente de la canasta básica correspondiente a alimentos costó C$ 9.472 córdobas. El componente vestuario C$ 1704 y los artículos de uso doméstico como jabón, luz, agua, costaron 2.983 córdobas.
De acuerdo a estos datos el costo de la canasta básica aumentó en 595 córdobas en lo que va del año. 600 córdobas para redondear.
La comida.
Por supuesto, el costo de la comida cada familia lo mide todos los días, tres veces, en su propia mesa. De acuerdo a las cifras oficiales, la pana del mercado, o la canasta de alimentos, aumentó en 500 córdobas.
En otras palabras, si los ingresos de una familia no aumentaron en 500 córdobas mensuales, pues tendrá que comprar menos frijoles, o menos arroz, o menos huevos.
Lisa y llanamente, las familias comerán menos.
Pero no a todos los trabajadores les va igual, porque el salario mínimo varía según el tipo de actividad económica: sector agropecuario, sector industrial, comercio. Y así.
Veamos dos ejemplos.
Vamos con las zonas francas. El salario mínimo vigente desde el año pasado es de C$ 5.461. Si la canasta básica de alimentos cuesta C$9472, significa que la familia de Rosalpina Gutiérrez, está pasando hambre. Porque Rosalpina mantiene a dos hijos, a su mama, que cuida a los chavalos, y a su marido, que perdió el empleo y no ha podido encontrar. Asumamos que esta mujer se mecatea trabajando sobretiempo y logra incrementar sus ingresos en 30% y llegar a 7000 córdobas. La situación no varía mucho.
Al cierre del 2018 había 125 mil trabajadores en las zonas francas, buena parte mujeres. Tienen la suerte de contar con un empleo, pero solo les da para medio comer, y cada día peor.
Ahora pasemos al sector comercio. El salario mínimo para el sector comercio, transporte y turismo, es de 7661 córdobas. Tampoco les alcanza para la comida. Y cada día menos porque, como dijimos, antes, el costo de la comida subió en 500 córdobas. Y seguirá subiendo.
Esto es lo que significa en el plano humano la congelación del salario mínimo: hambre.
Esos salarios mínimos no son de ahorita, son los más bajos de Centroamérica desde hace rato. De hecho, en una propaganda perversa el régimen exhibe a los inversionistas extranjeros como una de las “ventajas” del país los bajos salarios. No es la productividad, o la infraestructura, o las redes de comunicación. La ventaja para invertir es la pobreza de los trabajadores. La siguiente gráfica, extraída de un brochure de ProNicaragua ahorra mayores explicaciones.
En general, no. Tal vez a algunos. Para encontrar al verdadero responsable debemos ahondar un poco más.
Toca volver al punto de los pregonados éxitos económicos y sociales del régimen de Ortega.
La mayoría de las empresas no han estado en estos años -ni están- en un lecho de rosas. Sus márgenes no alcanzaban, ni alcanzan, para elevar salarios de forma sostenida, pues con las tarifas de electricidad, los costos de los combustibles, de las comunicaciones y las tasas de interés, apuradamente salen adelante. Ahora cargan con el peso adicional de la reforma tributaria y de las reformas a la seguridad social.
Las empresas cargan, además, con el costo adicional que implica el aferramiento de Ortega al poder, esto es, la carga que entraña mantener los aparatos represivos del régimen.
En el caso de los trabajadores, el impuesto de la represión se expresa en hambre y penurias.
No. Las empresas generadoras de electricidad, con Albageneración a la cabeza, siguen esquilmando los bolsillos de empresas y trabajadores. Esos no pierden. Los negociantes del combustible siguen con sus desproporcionados márgenes de ganancia. Esos no pierden. Disnorte y Dissur siguen adulterando las tarifas eléctricas. Todos sabemos quiénes son los dueños.
A nive macroeconómico, este congelamiento de salarios significa que las familias tendrán menos capacidad de consumo. Y si hay menos capacidad de consumo, los comerciantes tendrán menos ventas, consecuentemente, empresas y productores seguirán disminuyendo su actividad económica. Y a menor actividad económica mayor desempleo y menores ingresos.
Y este círculo nefasto seguirá operando mientras Ortega siga en el poder.
