El pasado 26 de julio Antonio Lazcano, investigador emérito de la UNAM, publicó en la revista Science el artículo “Quo vadis, Mexican science?”, una severa crítica a los recortes del actual gobierno federal al presupuesto de la ciencia y la tecnología que mereció la respuesta de María Elena Álvarez-Buylla, directora del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en la misma publicación.
El día que apareció la respuesta, Lazcano fue notificado de su separación como miembro de la Comisión Dictaminadora del Área II del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), por faltas injustificadas a las reuniones plenarias. Es sobre esta situación que hablamos con el científico mexicano.
—¿A qué atribuyes esta decisión del Conacyt?
Es lo que todos nos preguntamos. Es evidente que las faltas se están inventando. Tal parece que no se les da eso de contabilizar bien las fechas y las ausencias, sobre todo teniendo las cartas en donde yo explicaba por qué no estaría en la primera sesión. Creo que esta es la excusa. Lo que sería terrible es que fuera una manera de intromisión del poder político en las evaluaciones académicas, porque una de las tradiciones más sólidas en ciencia es la evaluación entre pares. Querer suprimir algún componente de una reunión de pares implicaría que se tiende hacia los prejuicios, a medidas de otro tipo.
—¿Te refieres a medidas de control?
No necesariamente, sino a diferencias de perspectivas políticas. No creo en las casualidades, pero es extraño que justo el día en que aparece el artículo de la doctora Álvarez-Buylla (en la revista Science) me llegue un texto donde me dicen que ya no soy miembro de una comisión, y que esto venga de la oficina de una persona que no lo firmó, con lo cual el texto queda en un limbo legal. Sobre todo, que se use como excusa algo que no corresponde a la realidad.
—Tu crítica hacia la nueva administración del Conacyt ha sido constante y pública.
Desde que empezó la actual administración, el Conacyt se ha ido separando de las asociaciones de científicos. Esto ha ocurrido en paralelo a un par de iniciativas de ley de la doctora Álvarez-Buylla —ella dice que no salen de su oficina, pero hay evidencia de lo contrario—, en donde lo que se pretende es reacondicionar la toma de decisiones para que todo dependa de la Dirección General del Conacyt. Esto plantea un problema político porque significa pisarle los talones a secretarías de Estado, a universidades públicas y estatales, etcétera. Concentrar la capacidad de decisión de esa manera supone la imposición de un punto de vista sobre el rumbo de la ciencia. Es necesaria la participación de los demás, porque de otra manera acumulas poder de una forma que no corresponde a la diversidad de opiniones que la gente está acostumbrada a ejercer en ciencia.
—¿Has tratado de propiciar un diálogo con la directora del Conacyt?
La conozco desde hace mucho. La última vez que nos vimos fue en una conferencia que dio en la Facultad de Ciencias. En esta reunión le hice un par de preguntas y ella dijo que cada vez que me oía en la radio, en el programa de Denise Maerker, le daban ganas de hablar y contestar. Se le ha convocado al programa para que exprese sus puntos de vista y nunca ha atendido la invitación. Hace unos días, a propósito del comunicado que sacó el Conacyt con respecto a mi caso, varios medios han intentado acercarse a ella. La respuesta ha sido que lo que tenían que decir ya está en el comunicado. Cerraron la posibilidad de diálogo.
—En ese comunicado se habla de que se van a impedir los privilegios para las personas que tienen cierto rango y fama. ¿Alguna vez has sido tratado con privilegios, a diferencia de tus colegas?
No he tenido tratos con el Conacyt desde hace 40 años, cuando concursé por la subvención para un viaje a la Unión Soviética. Hace tres años me invitaron a dar una charla en San Luis Potosí. Alguna vez que fui miembro de las comisiones del Sistema Nacional de investigadores (SIN), pero nunca he tenido ningún trato con el Conacyt, y por eso no puedo pedir un trato especial. Ese comunicado, de hecho, me parece bastante inadecuado, me parece —usaré un término duro— perverso, vil, porque insinúa que los científicos fuimos tratados con laxitud, con impunidad, y eso da la sensación de que estamos acostumbrados a cometer delitos e irregularidades sin ser castigados. Eso es absolutamente falso. Si hay irregularidades o hubo casos de impunidad, que se demuestre.
—También sorprende la declaración en el sentido de que los medios de comunicación manipularon la verdad, que te convirtieron en una víctima.
Sí, pero nunca he tenido intenciones de ser beatificado ni de aparecer en un calendario para que celebren el día de San Antonio Lazcano. La gente ha sido muy transparente, muy clara, los datos están a la mano. Más bien parecería una confrontación del Conacyt contra el mundo, contra la conspiración de los medios. Esa excusa es totalmente grotesca, ridícula. Otra cosa que me hace mucha gracia es que en el mensaje que me enviaron, y en ese comunicado, se dice que le he fallado al pueblo de México. Recuerdo la imagen de la Patria que aparecía en los libros de primaria y tengo que pensar en el doctor Mario Andrés de Leo (director del Sistema Nacional de Investigadores) como travestido en la Patria y señalándome con un índice de fuego.
—El reglamento en el que se basan para tomar la decisión de tu baja parece muy claro. ¿Bajo qué premisas harías la defensa legal?
En primer lugar, están aplicando un reglamento a posteriori a nuestro ingreso a las comisiones. Es un reglamento que se decidió formalmente el 18 de septiembre. Para entonces las comisiones ya estaban instaladas, ya habíamos entregado los resultados de nuestras evaluaciones. Ahora quieren aplicarlo retroactivo, lo cual está prohibido, a menos que sea en beneficio de la persona. Quizá tienen una concepción relativista del tiempo, pero eso no es lo que se espera del director del SNI. En términos de defensa legal, están cometiendo una serie de irregularidades y yo no creo que la ciencia se deba judicializar. El mundo académico tiene que ser tratado entre pares, entre iguales, en los salones, en los laboratorios, en las oficinas, y no en un juzgado. La parte donde insinúan que había impunidad y, por lo tanto, faltas cometidas, está rondando muy cerca del problema de daño moral. Me parece bastante grotesca la situación y me preocupa que el Sistema Nacional de Investigadores esté en manos de una persona como el doctor De Leo.
ÁSS
