El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia sobre la Ley de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana en la que puntualiza que estas entidades comarcales están supeditadas a la prioridad que tienen las diputaciones, lo que se ha valorado positivamente en el caso del Gobierno provincial alicantino como un «reconocimiento a la autonomía» de estas instituciones frente a una estructura que consideran inspirada en las preferencias de los nacionalistas catalanes.
La Diputación de Alicante ha considerado que este fallo avala «en todo momento la autonomía provincial de las diputaciones y confirma que estas administraciones siempre decidirán sobre sus planes de obras, actividades y servicios».
Así se ha pronunciado la Diputación que preside Carlos Mazón tras saber que el pleno del Constitucional ha declarado la constitucionalidad -condicionada a esta prioridad de las diputaciones- de la citada ley impulsada por el Gobierno de Ximo Puig, cuyo objeto es la creación de unas entidades supramunicipales, las mancomunidades de ámbito comarcal, que agrupan a determinados municipios que decidan voluntariamente tomar parte de estas entidades. Desde el Gobierno de Mazón se había interpretado esta norma como un intento de imponer un «modelo catalán» contra las diputaciones.
La sentencia, facilitada por este tribunal y cuya ponente ha sido la magistrada Encarnación Roca, expone que los artículos 36.8 y 50.4 de la ley impugnada "no son inconstitucionales si se interpretan en el sentido de que no se vulnera la autonomía de la diputación provincial, al no permitir la exclusión de colaboración con otros entes locales".
Es más, "la sentencia aclara que para que la interpretación de la Ley de Mancomunidades sea acorde a la Constitución debe hacerse entendiendo que queda a discreción de las diputaciones provinciales el modo de plasmar dicha prioridad", han subrayado.
El Partido Popular Provincia de Alicante también se felicita de esta sentencia que “garantiza la independencia de la Diputación Provincial frente a los ataques del Consell”. El fallo, aunque no declara contrario al ordenamiento jurídico el texto, “va a evitar cualquier injerencia de otro organismo en las decisiones que se tomen en la provincia de Alicante”, asegura el coordinador general, Raúl Dalmau.
“Hemos conseguido que, negro sobre blanco, ni Ximo Puig ni Mónica Oltra puedan desvirtuar el espíritu de la Diputación Provincial”, reitera el responsable popular. El Partido Popular presentó un recurso de inconstitucional contra “un modelo territorial similar al que operan los nacionalistas en Cataluña”.
Desde la Diputación provincial han asegurado que ella misma será la que concretará, dentro de las actividades y servicios públicos municipales que pueda gestionar este tipo de mancomunidades, cómo plasmar el apoyo y asistencia a los municipios, que es una función propia constitucionalmente garantizada y sin excluir la colaboración con otros entes locales.
Inversiones en obras
En cuanto a los Planes Provinciales de Obras y Servicios, desde la Diputación de Alicante han valorado que la sentencia avale que para ley se considere constitucional las inversiones a las que la norma atribuye un grado de preferencia deberán entenderse referidas a todas las mancomunidades y no solo a las de ámbito comarcal.
Además, "el precepto no alude a cualquier inversión sino solamente a las que supongan ejecución de obras y servicios en beneficio de varios municipios, a efectos de inclusión en los planes provinciales de obras y servicios", han indicado.
Asimismo, desde la institución han explicado que "ello no implicará exclusividad ni imposición", ya que "será la propia institución provincial la que determinará cómo incorporar el criterio de preferencia a la hora de valorar las obras y servicios a financiar, de modo que podrá concretar cómo pondera cada uno de los proyectos de inversión, pudiendo adicionar otros", han apuntado.
Finalmente, desde la Diputación de Alicante se ha manifestado que esta sentencia viene a "reforzar" la necesidad de que exista un mayor grado de diálogo y entendimiento entre el Consell y la institución alicantina, especialmente en aquellas cuestiones que puedan afectar a la Diputación y a la provincia de Alicante.
