La Cámara de los Comunes británica volvió a reunirse este miércoles, un día después de un trascendental fallo del Tribunal Supremo que determinó que el primer ministro, Boris Johnson, actuó de forma ilegal al suspender el Parlamento. Los legisladores exigieron de inmediato respuestas a cómo se decidió la suspensión en un primer momento.
La histórica medida respaldó la soberanía del Parlamento y anuló lo que los jueces consideraron un intento de Johnson para impedir el debate sobre el Brexit, la cuestión política nacional más divisiva de los últimos años.
El primer ministro sigue enfrentado con el Parlamento por su determinación para sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea en plazo, haya o no un acuerdo de divorcio con Bruselas. La Cámara de los Comunes aprobó una ley que le exige solicitar una ampliación del plazo en el caso de no alcanzar un pacto, pero Johnson manifestó que completará el Brexit bajo cualquier circunstancia.
El mandatario acortó su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas y regresó a Londres este miércoles por la mañana, ante las peticiones de renuncia de los enojados partidos de la oposición.
En Nueva York, Johnson, que esquivó las preguntas sobre su continuidad en el cargo, dijo que estaba en "profundo" desacuerdo con la decisión judicial y sugirió que podría suspender el Parlamento por segunda vez.
En la Cámara de los Comunes, durante la sesión de este miércoles los legisladores centraron su ira en el abogado del Estado, Geoffrey Cox, quien se vio obligado a reconocer que podría tener que dar más información sobre su asesoramiento acerca de la legalidad de la suspensión.
"Estoy atado por la larga convención de que las opiniones de los funcionarios de la ley no se revelan fuera del gobierno sin su consentimiento”, afirmó Cox. "Sin embargo, en los próximos días consideraré si el interés público podría requerir una mayor divulgación de los consejos dados al gobierno”.
Johnson hablará ante el Parlamento por la tarde pero, ante la perspectiva de un posible adelanto electoral, ha comenzado a posicionarse como un defensor de quienes están frustrados porque no se cumpla el resultado del referéndum popular de 2016 sobre la permanencia en la Unión Europea.
El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, apuntó que Johnson debería pedir disculpas a la población y a la reina Isabel II por decirle que el Parlamento debía quedar suspendido. Esto había limitado el debate sobre el Brexit antes del 31 de octubre, la fecha en la que debe abandonar la Unión Europea.
"Creo que debería disculpase con ella (la reina) por el consejo que le dio, pero sobre todo, disculparse con el pueblo británico por lo que ha hecho al intentar bloquear nuestra democracia en un momento muy crucial en el que la gente está muy, muy preocupada por lo que pasará el 31 de octubre”, dijo Corbyn a la BBC.
Por su parte, el ministro Michael Gove dijo que el gobierno "respeta" la decisión judicial, pero se negó a disculparse por incumplir la ley.
"Creo que es importante destacar que aunque el Tribunal Supremo fue claro, hay una opinión legal respetable que discrepa con esa visión”, dijo Gove a la BBC. "En una democracia es perfectamente posible decir que se respeta un fallo judicial y que se lo cumplirá, pero destacar que hay una serie de opiniones sobre la idoneidad de una línea de acción en concreto”.
