La revelación de que dirigentes chavistas han estado usando Costa Rica para recibir en metálico el dinero de carteles mexicanos –escondido en los contenedores de alimentos embarcados para el programa de bolsas de comida del régimen de Nicolás Maduro–, como pago a los envíos de droga realizados desde Venezuela hacia México y Estados Unidos, ilustra bien el temor de Washington de que el chavismo pueda consolidar sus operaciones delictivas en ese país de Centroamérica.
Hugo Chávez pudo implicar en sus negocios ilícitos a Nicaragua y a El Salvador, mediante una red de empresas creadas alrededor de la petrolera venezolana, PDVSA, o de la iniciativa del ALBA, y durante un tiempo tuvo fácil entrada en la Honduras de Manuel Zelaya. Pero Costa Rica siempre se resistió a las aproximaciones del chavismo, en un área de Centroamérica que es esencial para el trasiego de los cargamentos de cocaína que salen de Colombia y, pasando muchos por Venezuela, se dirigen hacia Estados Unidos.
Sin poder replicar en Costa Rica una estructura empresarial cómplice puesta a disposición por el Frente Sandinista (Nicaragua) o el Frente Farabundo Martí (El Salvador), el chavismo ha echado mano allí de Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), una compañía de implantación local pero de capital estatal venezolano.
La empresa perteneció antes a la multinacional Reynolds, que por su peso pudo obtener ciertas ventajas logísticas de las que luego se ha aprovechado el número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, que ha tomado Alunasa como tapadera para sus negocios.
Con sede en el área de Puerto Caldera, en la costa del Pacífico, Alunasa cuenta también con una terminal propia en la costa del Atlántico, en Puerto Limón.
«Eso le da facilidad a Alunasa para mover carga de un lugar a otro, para introducir la cocaína dentro de las barras de aluminio y despacharlas luego hacia la Costa Oeste de Estados Unidos», afirma un colaborador de la investigación llevada a cabo al respecto desde Washington.
A algo de eso se refería el Departamento del Tesoro estadounidense cuando en su denuncia del año pasado contra Cabello mencionaba las operaciones de Alunasa. En el documento se destacaba la estrecha relación entre Cabello y quien era gobernador del estado de Bolívar, donde se encuentran los principales yacimientos mineros de Venezuela y tiene su sede la estatal Venezolana de Aluminio (Venalum), de la que depende Alunasa.
El Tesoro les acusaba, sin mayores especificaciones, de haber usado ambas empresas para «lavar dinero en Costa Rica y Rusia». «Venalum usó barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Alunasa. Cabello ordenó a los militares venezolanos colocar a varios empleados en Alunasa, en Costa Rica, para seguir la operación. Adicionalmente, Cabello blanqueó capitales a través de Venalum enviándolos a Rusia», indicaba el documento del Tesoro.
Tal como ha develado ahora ABC, parte de las operaciones habían consistido en recibir pagos en efectivo de los carteles mexicanos, en buques que iban de México a Venezuela, llevando la comida para las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y que hacían una parada «técnica» no declarada en Puerto Limón. A parecer el dinero entraba en el sistema bancario de Costa Rica y supuestamente acababa en las cuentas corrientes que Cabello y que Tareck el Aissami, otro de los principales dirigentes chavistas, tienen en bancos rusos.
Después de esa denuncia del Tesoro, formalizada en mayo de 2018, el Banco Nacional de Costa Rica cerró las cuentas corrientes que los directivos de Alunasa tenían allí. Sin embargo, las autoridades costarricenceses no han llevado a cabo más actuaciones contra la compañía.
Durante la presidencia de Hugo Chávez, este amenazó con el cierre de Alunasa cuando el expresidente costarricense Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, fue especialmente crítico con él. Dado el interés del país por los puestos de trabajo que supone la actividad de Alunasa, Arias rebajó entonces el tono de sus críticas.
Algunos comentaristas han destacado que también ahora Costa Rica ha rebajado su posición frente al régimen de Maduro, pues en la votación sobre la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), prefirió postular una propuesta propia, distinta de la impulsada por los países más críticos con Maduro, pidiendo que expresamente se descartara el uso de la fuerza contra Venezuela.
Aunque Costa Rica ha ejercido históricamente un papel de activa moderación en los conflictos internacionales, también es verdad que generalmente se ha puesto del lado de las aspiraciones democráticas de países vecinos, como hizo dando cobijo a quienes se enfrentaban primero contra la dictadura de Somoza y luego contra la sandinista. Justamente ante la amenaza sandinista de invasión como castigo por esa postura, Costa Rica invocó el TIAR y, como país sin Ejército, contó con la ayuda de aviación venezolana enviada por el presidente Carlos Andrés Pérez.
