Un ex alto cargo de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias ha confirmado esta tarde ante el instructor del caso Púnica que la Presidencia de la Comunidad, al frente de la cual estaba Esperanza Aguirre, ejercía un control total sobre la adjudicación de los contratos de publicidad y medios de las distintas consejerías, aseguran a eldiario.es fuentes presentes en la declaración. Los investigadores sostienen que estas licitaciones están en el origen del método de financiación ilegal del PP de Madrid, si bien el exasesor ha negado irregularidades. Ha mantenido que todos los contratos corresponden a trabajos que se llevaron a cabo y que no hubo facturas falsas.
Germán Rasilla, que era asesor técnico de marketing de la Consejería de Sanidad, ha comparecido en calidad de imputado en la Audiencia Nacional. Según ha asegurado, en 2004, solo unas semanas después de llegar a la Presidencia del Ejecutivo regional, Esperanza Aguirre participó en una reunión en la que se dio a todos los consejeros una lista con las empresas a las que podían adjudicar contratos, especialmente a Over Marketing. Esa es la firma del empresario Daniel Horacio Mercado, que supuestamente devolvía el favor inyectando importantes sumas de dinero para las campañas del PP. En esa cita, además de los responsables de las diferentes consejerías, estuvieron presentes Ignacio González, que entonces era vicepresidente; Alberto López Viejo, que era viceconsejero de Presidencia; y Manuel Lamela, consejero de Sanidad.
La versión de este asesor es coincidente con la que los investigadores han recabado hasta ahora de boca del principal beneficiado, el empresario de origen argentino Daniel Horacio Mercado, dueño de la citada Over Marketing. Tanto Mercado como Lamela han confirmado la presencia de Esperanza Aguirre en esta reunión. Lamela ha declarado, por ahora, ante la Guardia Civil y lo hará en los próximos días como investigado ante el juez García Castellón.
Rasilla ha añadido que en el caso de las inauguraciones de hospitales y actos de la consejería a los que acudía Aguirre tenían que ser organizados por empresas de Mercado, según las citadas fuentes. El exasesor también ha involucrado a la que era la directora general de Medios, Isabel Gallego, a la que especialmente a partir de 2006 ha atribuido un papel principal en las adjudicaciones de contratos de publicidad.
Antes que Rasilla ha declarado Rosario Jiménez Santiago, quien fuera directora de Empleo y Mujer con Juan Jesús Güemes, que se ha referido al poder absoluto sobre la facturación que tenía Isabel Gallego, afirman las fuentes citadas. Otras de las imputadas que ha prestado declaración este lunes, la que fuera directora del Servicio Madrileño de Salud Almudena Pérez Hernando también ha involucrado a Gallego. Por su parte, Alejandro Halfter, exviceconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que fue citado el pasado miércoles y no ha tenido tiempo de estudiar los hechos que se le imputan.
El juez indaga si la construcción de hospitales y centros de salud sirvió para alimentar la maquinaria puesta en marcha bajo el mandato de Aguirre (2003-2012) para desviar el dinero de los madrileños hacia las cuentas del PP. El auto que dio lugar a la imputación de la expresidenta describe de forma indiciaria un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas a través de supuestos contratos de "publicidad simulada" de estas infraestructuras sanitarias.
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se basa el juez García Castellón para abrir una investigación por estos hechos apuntan a que el Ejecutivo regional encargó a dedo supuestas campañas de promoción de estos hospitales y centros de salud a determinadas empresas a cambio de que estas pagasen luego actos electorales del partido. El magistrado, que define esta práctica como un "mecanismo para desviar fondos públicos a través del partido", ha pedido a la Comunidad de Madrid información sobre los contratos de construcción y explotación de más de una treintena de hospitales y centros de salud.
El método, según los investigadores, era el siguiente: obligar a las constructoras de estas infraestructuras a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. Además, esos trabajos se encargaron en todos los casos a empresas de Mercado, que supuestamente devolvía el favor inyectando importantes sumas de dinero para las campañas del PP. La imposición del pago de esas cantidades obligaba a las constructoras a incrementar en ese 1% su oferta, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, que veían minorados sus fondos en ese porcentaje.
