El salario mínimo comenzará 2020 congelado en los 900 euros actuales si se repiten las elecciones y el Gobierno sigue en funciones hasta el final del ejercicio. Es la amenaza que el PSOE ha trasladado a Podemos para hacerle responsable de provocar un perjuicio a más de un millón de trabajadores por bloquear la investidura de Pedro Sánchez.
La decisión supone además un giro importante en los planes del Ejecutivo. Hasta ahora, había anunciado que su intención era seguir subiendo el salario mínimo en los próximos años. Incluso, había avanzado que estaba estudiando una nueva alza para 2020, aunque haya elecciones el próximo 10 de noviembre.
Fuentes del Ejecutivo han llegado a apuntar que, a diferencia de la subida de las pensiones o del sueldo de los funcionarios, el Ejecutivo en funciones podría aprobar un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) por real decreto.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya aseguró hace unas semanas que la intención del PSOE era elevar el SMI a 1.000 euros mensuales en 2020.
En las 370 medidas que entregó Ferraz hace unas semanas a Podemos, para buscar su apoyo a la investidura de Sánchez, figuraba ir aumentando progresivamente el salario mínimo hasta llegar al 60% del sueldo medio en cuatro años, unos 1.200 euros.
Pues bien. En plena negociación discreta para la investidura entre PSOE y Podemos, Confidencial Digital ha podido confirmar, por fuentes conocedoras de las conversaciones, que “no hay nada decidido sobre el incremento del SMI”.
Sin embargo, según admiten a Confidencial Digital fuentes del Gobierno, el PSOE va a utilizar una de sus medidas estrella, cuya subida del 22% se ha atribuido Podemos este ejercicio, para presionar a Pablo Iglesias en las últimas horas antes de conocerse la posición final del partido morado en una investidura ‘in extremis’.
Le transmitirá que, en caso de bloquear la investidura y llevar al país a unas nuevas elecciones, el PSOE le hará responsable de provocar un perjuicio a más de un millón de trabajadores vulnerables, que comenzarán el próximo año con el salario mínimo congelado en los 900 euros actuales.
La situación de bloqueo político alcanzaría así también a la evolución de este salario -la cuantía retributiva mínima referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros- al igual que puede ocurrir con la revalorización de las pensiones o los salarios de los funcionarios.
En el Ejecutivo se mantiene que la convocatoria electoral no sería un obstáculo para una nueva subida del SMI. No es necesario aprobar el incremento por decreto-ley (una figura que tiene limitada un Gobierno en funciones), sino que basta con un real decreto.
Defienden que el Estatuto de los Trabajadores habilita a subirlo en base a indicadores como el IPC, la productividad media, la participación del trabajo en la renta nacional o la mera coyuntura económica.
La normativa exige “previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas”.
Unos contactos que no acabaron en acuerdo en el alza de 2019, ya que el Ejecutivo lo pactó con Podemos rompiendo el pacto que había alcanzado el Gobierno de Mariano Rajoy con CEOE, UGT y CC.OO antes de la moción de censura.
Se trató de una subida del 22%, la mayor desde 1977, que benefició a 1,3 millones de trabajadores de forma directa, según datos de la Tesorería de la Seguridad Social, y que tiene además un efecto arrastre en los sueldos.
