Aunque parezca un contrasentido, los beneficios obtenidos por los acusados de dirigir en ETA el frente de «makos» -cárceles- por su acuerdo con el Ministerio Fiscal y las acusaciones refuerzan la versión oficial de que todos ellos se integraban en la dirección o, al menos, en la estructura de la banda terrorista. Entre los acusados hay abogados relevantes de los etarras, como Arantza Zulueta, lo que igualmente confirma el acierto policial y judicial que los situaba a las órdenes de los terroristas. De hecho, Arantza Zulueta, quien estuvo en prisión provisional por estos hechos, ha aceptado una condena como dirigente de ETA a tres años y seis meses de prisión. El resto ha sido condenado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a penas inferiores y ninguno ingresará en prisión. Se trata de un acuerdo de conformidad que genera inevitablemente sentimientos contradictorios, pero que merece un voto de confianza porque ha sido avalado por la Fiscalía y las asociaciones de víctimas -la AVT y Dignidad y Justicia- que ejercían las acusaciones populares.
Lo importante es que la historia de ETA tiene un nuevo capítulo escrito en firme, que demuestra que la banda era una hidra en la que los terroristas armados constituían solo una de sus cabezas. Era un holding del terror, que captó apoyo social y político por la debilidad de unos y el oportunismo de muchos. Todavía hay quienes caen en la abyecta tentación de establecer diferencias entre ellos, pero no lo hacen gratuitamente, sino por coincidencia en objetivos, como sucede con los representantes de ERC o JpC, que mostraron ayer su apoyo a los acusados. También el PSOE debe sentirse aludido, porque una de las condenadas, Amaia Izko, es concejal de EH Bildu en Pamplona, el partido con el que su dirigente navarra, María Chivite, ha pactado la presidencia de la comunidad foral.
