La Fiscalía Anticorrupción aseguró ayer que el primer juicio relacionado con la investigación sobre Invercaria, cuyo objeto es la presunta concesión irregular de un préstamo de 100.000 euros a una empresa que meses después entró en concurso de acreedores, no es «ningún capricho». El caso sienta en el banquillo a Tomás Pérez-Sauquillo y Gracia Rodríguez, ex administradora única de Aceitunas Tatis, la mercantil que se benefició del crédito.
Anticorrupción solicita seis años de cárcel y 25 de inhabilitación para Pérez-Sauquillo por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, así como dos años y seis meses para Rodríguez, y también reclama que ambos indemnicen solidariamente a Invercaria con 108.732 euros.
La primera sesión de la vista oral sirvió para que las partes expusieran sus cuestiones previas, sobre las que el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla deliberará y dictará resolución de aquí al 30 de septiembre, día en el que está previsto que declaren los acusados. Las defensas de Pérez-Sauquillo y Rodríguez solicitaron la nulidad de las actuaciones por la presunta vulneración de varios derechos, como la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia. «Que alguien nos indique cuál es esa normativa de referencia que se ha vulnerado, porque nadie nos lo dice», lamentó el abogado del ex consejero delegado, quien apuntó al «borrador» del Plan Director de Invercaria para el periodo 2005-2008, «que tenía carácter orientativo» y sin embargo «se eleva a la categoría de norma suprema». «De todas las inversiones de Invercaria, se eligen sólo las fallidas», denunció el letrado, que solicitó la nulidad de la declaración que el testigo principal, el ex director de Promoción Cristóbal Cantos, efectuó durante la instrucción.
El abogado de Rodríguez también pidió la nulidad por el hecho de que Invercaria no esté personada «a pesar de ser la principal perjudicada» y calificó de «kafkiana» la presencia de la agencia IDEA como acusación particular, ya que «en 2009 concedió un aval de 80.000 euros» a Tatis.
La Fiscalía Anticorrupción y las dos acusaciones, del PP y la agencia IDEA, se oposieron a todos los motivos de nulidad. «No es cierto que (Pérez-Sauquillo) no estuviese informado de los hechos por los que está aquí desde el principio», indicó el representante del Ministerio Público, que también tildó de «falso» que haya analizado «a capricho y sin ningún criterio» las inversiones de Invercaria.
En cuanto al Plan Director, el fiscal aclaró que él eleva a «categoría suprema» el artículo 103 de la Constitución y que dicho borrador «fue un acuerdo del consejo de administración de Invercaria». «Quien decidiese otorgar un crédito participativo a Tatis lo hizo sin atenerse a ningún tipo de análisis», indicó el fiscal, quien también recordó que Invercaria no se ha personado en la causa pero sí su «principal y único accionista», es decir, la agencia pública IDEA. «Nos produce estupor que sea un acusado el que pida que haya una acusación más», replicó el representante legal de IDEA. El caso es el primero que llega a juicio de los diecinueve relacionados con la macrocausa de Invercaria, sociedad pública de capital riesgo de la Junta. Tras la concesión del préstamo a Aceitunas Tatis el 19 de junio de 2009, un juzgado de Jaén declaró el concurso de acreedores el 16 de diciembre de 2010.
