Se avecina un otoño caliente entre los sindicatos y el Gobierno de Page. STAS-CLM ha denunciado que el Ejecutivo regional pretende crear una «estructura clientelar» con 117 «puestazos a medida» que costarían unos cinco millones anuales, «lo que supone en toda la legislatura 20 millones de euros, en una comunidad donde se dice que no hay dinero ni para la cobertura de vacantes ni de bajas».
Este martes, a partir de las 10.30 horas, está prevista la celebración de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de Administración General en la que se aprobarían 175 puestos de libre designación y eventuales y la supresión de 58, de ahí que el saldo sería de 117.
El sindicato ha pedido un aplazamiento de la Mesa al asegurar que no ha recibido la documentación necesaria para poder estudiar en profundidad la propuesta del Gobierno. Además, critica la falta de tiempo. La documentación llegó el pasado martes por la tarde y son 400 folios que el sindicato tiene que leer, estudiar y contrastar «en cuatro días hábiles», dice Gustavo Fabra, portavoz de STAS.
«Vemos como para la estructura clientelar» del presidente de Castilla-La Mancha,Emiliano García-Page «siempre hay dinero y nunca falta de nada», lamenta Gustavo Fabra, quien cree que desde las elecciones de mayo «se le ha subido la mayoría absoluta a la cabeza».
El portavoz del sindicato considera que hay «una administración en forma de pirámide invertida donde se cubren los puestos más altos de la administración y se suprimen los puestos de gestión directa a la ciudadanía a través de sus servicios públicos».
Como ejemplo del «disparate» que supone la Mesa Sectorial de Personal Funcionario, Fabra explica que se va a crear un puesto de nivel 28 eventual, «es decir para llevar Twitter y Facebook vamos a pagar a una persona 50.000 euros al año», todo un «escándalo».
Por último, STAS añade que, antes de sentarse a negociar, el Gobierno tendría que presentar una memoria económica para conocer cuánto cuesta «el nuevo festín de puestazos del Gobierno de García-Page». En caso contrario, el sindicato asegura que acudirá al Tribunal Superior de Justicia a reclamar amparo por la defensa de sus derechos constitucionales en la negociación colectiva, como ya hizo en 2012 con el Gobierno de Cospedal.
