El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó un nuevo informe bimestral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en el cual recoge las violaciones ocurridas entre julio y agosto de 2019, que incluyen ejecuciones selectivas de campesinos, la barbarie policial, el recrudecimiento del hostigamiento y la persecución, la reiterada prohibición de la protesta cívica, los femicidios y la persecución política a defensores y defensoras de derechos humanos.
Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, explicó que el contexto en que se publica el informe está basado en dos ejes: la continuidad y el incremento de la represión, y la suspensión del diálogo entre la dictadura de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
“Podemos mencionar otros hechos relevantes. Por ejemplo, las posibles sanciones de Estados Unidos y Canadá, y la expectativa que existe con la Comisión Especial de Alto Nivel de la OEA. Estamos esperando si va a entrar o no. Esos son los ejes que marcan el contexto dentro del cual se producen las siguientes situaciones de violaciones de derechos humanos”, señaló Núñez.
Uno de los hechos más relevantes que menciona el informe del Cenidh son las ejecuciones selectivas a campesinos. La principal característica que tienen estos asesinatos es que las víctimas se vincularon directamente a las protestas sociales iniciadas en abril de 2018. Asimismo, que desde antes de esa fecha adversaban el régimen Ortega Murillo.
De enero a agosto de 2019, el Cenidh monitoreó el asesinato de 17 campesinos, todos acribillados a balazos en la zona norte de Nicaragua, sin embargo, existen muchos otros casos en los que las víctimas perdieron la vida de manera violenta con arma blanca, “lo que evidencia un aumento de los niveles de violencia en la zona rural que coincide con la presencia de grupos parapoliciales afines al régimen”, dice parte del informe.
A partir de este análisis, el Cenidh ha documentado cinco casos específicos, la mayoría relacionados a la familia Montenegro. “No hay ninguna duda de que son ejecuciones sumarias. El último de ellos fue Francisco Blandón, que es el esposo de Thelma Montenegro, hermana de Oliver y Edgar Montenegro, ejecutados de forma violenta este año”, detalló Núñez.
El Cenidh también señala en su informe el asesinato de Bryan Murillo Navarrete, quien fue rafagueado por la Policía de León el 17 de julio de este año. De acuerdo a la versión de la familia de la víctima, los oficiales irrumpieron ilegalmente y con lujo de violencia en la casa de y balearon también a Kenner Murillo y Javier Cortez Castellón.
“Consideramos que este cobarde acto con aparentes motivos políticos contra la familia Murillo López, fue ejecutado por agentes de la policía en el contexto de un Estado policial en todo el territorio nacional, donde prevalece un modus operandi: represión; uso excesivo y desproporcionado de la fuerza; persecución política permanente contra toda persona que haya ejercido su derecho a la protesta cívica contra el régimen; la violación a las garantías del debido proceso; y el quebrantamiento al principio de presunción de inocencia”, señala el documento.
Después de analizar los hechos violentos y represivos de la Policía entre julio y agosto, el Cenidh advierte en su informe de una nueva fase represiva de la dictadura con el recrudecimiento y la persecución contra ciudadanos opositores y exreos políticos, con una marcada tendencia del régimen a violentar su derecho constitucional a la libre movilización, así como acusarlos de delitos comunes. La organización de derechos humanos expresó que el puesto fronterizo de Peñas Blancas, se ha convertido en un campo de persecución.
“Es un lugar de persecución. El expreso político, Byron Estrada fue hostigado y le fue impedida su circulación. También Max Jerez y el periodista de La Prensa, Emiliano Chamorro, le sucedió lo mismo. Y tampoco podemos dejar de mencionar el maltrato, la crueldad con que trataron a Olesia Muñoz”, afirmó Núñez.
Sobre la criminalización a los expresos políticos, Núñez indicó que la dictadura está buscando como desprestigiarlos, acusándolos de delincuentes e imputando delitos comunes, para que luego el Poder Judicial actúe como un instrumento de represión y los procese y encarcele en condiciones terribles.
Entre los encarcelados está, María Guadalupe Ruíz Briceño, la única presa política de la dictadura que fue secuestrada el 13 de julio de 2019 en las cercanías de la Catedral de Managua, tras participar en un piquete de protesta. Está acusada de robo agravado por el Ministerio Público.
El control y el asedio permanente de la Policía del dictador Daniel Ortega, es otra violación que el informe del Cenidh recoge en el documento. El organismo de derechos humanos expone que persiste un estado de excepción de hecho, impuesto desde septiembre de 2018, que se impone al derecho de los nicaragüenses de protestar cívicamente.
“En este período se mantiene la vigilancia extrema de espacios privados como centros comerciales a través de policías armados, mientras constantemente se rodean iglesias católicas y universidades, violando el derecho a la libertad de concentración, de manifestación y de movilización pública”, expone el informe.
El Cenidh explica en el documento que entre julio y agosto existe un alarmante incremento de la violencia hacia las mujeres, lo que refleja el incumplimiento por parte del Estado de los estándares internacionales en materia de derechos humanos para brindar protección y garantizarles la vida.
Según el Cenidh este incremento de la violencia contra las mujeres es “producto de la sistemática violación a los derechos humanos de las y los nicaragüenses y el estado de impunidad que prevalece en el país”, pues la mayoría de los 44 femicidios registrados hasta el 12 de agosto de 2019 se encuentran en la impunidad.
Núñez agregó que en este período el régimen incrementó el hostigamiento y la intimidación hacia las defensoras y los defensores de derechos humanos, con un marcado interés atacar y acosar a quienes defienden los derechos de las y los prisioneros políticos.
Núñez también reclamó que es inconcebible que en Nicaragua “estemos hablando con tanta insistencia de reformas electorales” cuando en el país persiste un ambiente de hostilidad policial, persecución, asesinatos. Agregó que tampoco existe disponibilidad de Ortega de ceder y respetar los derechos de los nicaragüenses.
“Tiene que salir Ortega del país para que pueda haber elecciones. Aquí se necesita un cambio profundo y de raíz en el sistema electoral. ¿Cómo vamos a pensar en ir a elecciones con tanta impunidad?”, cuestionó Núñez.
