La abogada del colectivo de derechos humanos “Nicaragua nunca más impunidad”, Wendy Flores, exiliada en Costa Rica, recomendó a las víctimas de torturas de la dictadura de Daniel Ortega, que documenten sus casos, “registrándolos, denunciarlos ante las organizaciones de derechos humanos y ante los organismos internacionales”, porque se trata de delitos que no prescriben.
“Si en este momento no hay condiciones para tener justicia, las habrá en el futuro. Nosotros tenemos una demanda como pueblo de pedir justicia”, dijo Flores en una entrevista en el programa Esta Noche, sobre el informe que presentó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en que señala la aplicación de torturas y tratos inhumanos en las cárceles de la dictadura.
Bachelet señaló en su informe que Ortega sigue reprimiendo al pueblo. Denunció desapariciones forzadas, torturas en las cárceles para los presos políticos y crímenes contra opositores en las montañas. El informe de la ONU destaca que Nicaragua debe cumplir con lo establecido en la Convención Internacional contra la Tortura, como uno de sus Estados suscriptores.
El vicecanciller del régimen, Valdrack Jaentschke, viajó hasta Ginebra, para contradecir el informe de la expresidenta de Chile. “En Nicaragua no existe la tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros de reclusión”, defendió Jaentschke a la dictadura.
Sin embargo, en sus testimonios los presos políticos excarcelados por la dictadura, han expuesto las torturas que sufrieron en las cárceles.
Medardo Mairena, líder campesino, denuncia, por ejemplo, que cuando lo llevaron a El Chipote “iba con la cara tapada con un pasamontaña y enchachado de las dos manos y me dejaron en una sala las primeras horas y todos los policías que pasaban me pegaban con el puño en la cabeza”.
“Me amenazaron con hacerle daño a mi hija de tres añitos. Me dijeron que en la próxima me iban a mostrar fotos de mi hija hecha pedazos, yo lo que hice fue encomendar a Dios a mi hijita”, relató a Confidencial Mairena cuando salió de la cárcel.
En La Modelo “estaba como enterrado vivo”, dijo Mairena. “La celda era pequeña, estaba aislado y no podíamos distinguir cuándo era de día y cuándo era de noche. Esas celdas no están hechas para los humanos, te impiden tener contacto, pierdes la noción del tiempo”, denunció.
Ángel Rojas, otro preso político excarcelado, narra que en El Chipote le arrancaron tres uñas cuando sus verdugos interrogadores le preguntaban si el MRS lo financiaba.
“Pusieron mi mano sobre la mesa, luego me colocaron la rodilla encima de la mano y con una tenaza me jalaron la uña”, narró Rojas un día después de salir de la cárcel en marzo pasado, durante la excarcelación de la primera ronda de presos políticos.
“Yo sentía cuando la uña y el pellejo se iban desprendiendo de la carne y la sangre brotaba, es un dolor que no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo”, dijo Rojas, que fue detenido porque, como habitante del barrio Georgino Andrade, se involucró en las protestas de los barrios aledaños a la UPOLI, cuando la universidad permaneció tomada por estudiantes.
La dictadura de Ortega está señalada de crímenes de lesa humanidad. “Los delitos de lesa humanidad no prescriben y la tortura está dentro de esos delitos”, recalcó Flores.
La defensora de derechos humanos dijo que el primer paso para buscar justicia por los casos de torturas es agotar las vías internas, pero que hay excepciones que aplican para las víctimas de la dictadura.
En Nicaragua “no hay condiciones para agotar las vías internas o no existen leyes, es decir como en este caso no hay condiciones valdría la pena examinar si las víctimas pueden acudir directamente ante los mecanismos internacionales para presentar su denuncia”, detalló Flores.
“Uno de los obstáculos que tiene nuestra legislación penal interna es que el delito de tortura no se adecúa a lo establecido por la Convención Contra la Tortura porque, por ejemplo, no reconoce la legislación interna la participación de fuerzas no estatales dentro de los actos de torturas. Ahí las víctimas podrían decir que en Nicaragua no existen procedimientos para denunciar a personas que no sean funcionarios del Estado por el delito de torturas”, explicó en relación a los paramilitares.
Ante la negación de Jaentschke de que en Nicaragua existen desapariciones forzadas como ha denunciado la oposición y lo señaló Bachelet en su informe, Flores resaltó que, según las convenciones internacionales, solo el hecho de que la Policía niegue información sobre un detenido, como ha ocurrido en Nicaragua, ya es considerado desaparición forzada.
“En Nicaragua hay centenares de personas que han sido consideradas desaparecidas porque las autoridades retenían a las personas sin brindar ningún tipo de información a familiares, sin permitirle hacer una llamada, y negando su paradero, solo el hecho de negar el paradero ya estamos hablando de desapariciones forzadas”, especificó.
Flores recordó que en 2009 Nicaragua fue sometida a un examen sobre las aplicaciones de torturas y “solo el 4% de las denuncias de torturas habían sido remitidas al Ministerio Público. “Eso se asemeja a impunidad”, le dijo el Comité Contra la Tortura a Nicaragua, según Flores.
El informe Bachelet recomendó al Estado de Nicaragua derogar la Ley de Amnistía, aprobada por la dictadura que pretende darle impunidad a los paramilitares y policías que dispararon contra población civil. “
“Pretende poner una piedra sobre una demanda de justicia, pretende dejar garantías de impunidad a los perpetradores desde asesinatos hasta actos de torturas”, dijo Flores.
Durante las protestas cívicas contra el Gobierno, más de 328 personas fueron asesinadas, según organismos de derechos humanos, la mayoría a manos de policías y paramilitares, y más de 70 000 nicaragüenses se fueron al exilio.
“El mensaje que nosotros hemos querido decir no solo al pueblo de Nicaragua si no (también) a esa gente que sigue operando, es que habrá justicia en nuestro país y que esa ley no representa la protección que ahora el régimen les quiere dar y se va a derogar”, aseguró la defensora de derechos humanos.
