El presidente de la Asamblea Nacional francesa, Richard Ferrand, fue imputado en la noche del miércoles al jueves por un caso de presunta corrupción pero aseguró que no dimitirá y recibió el apoyo del jefe del Estado, Emmanuel Macron, del que ha sido uno de los principales soportes políticos.
Ferrand fue inculpado por apropiación indebida por los jueces instructores de Lille que lo interrogaron el miércoles durante cerca de quince horas acerca de las sospechas de que cuando estaba al frente de las Mutuas de Bretaña benefició a la que es su pareja en una operación inmobiliaria aprovechando ese puesto.
Poco después de que la Fiscalía de Lille anunciara esa imputación, el propio presidente de la cámara de diputados, cuarta autoridad del Estado en Francia, hizo saber que está decidido a mantenerse en el cargo.
En un comunicado recogido por la agencia EFE, Ferrand explicó que lo decidido por los magistrados instructores es una “medida de procedimiento” que, según su propia interpretación, “le va a permitir defenderse”.
Ferrand recibió en las horas siguientes el apoyo de varias personalidades de la mayoría presidencial y del propio Macron que, de acuerdo con fuentes de su entorno citadas por “France Info”, le subrayaron su respaldo.
Por su parte, Jérôme Karsenti, el abogado de la asociación anticorrupción Anticor, que se ha constituido en acusación particular en esta investigación después de haber presentado una denuncia, insistió en declaraciones a esa emisora que “para nosotros Richard Ferrand debe irse”.
Lo que se le reprocha es que cuando era su director general, las Mutuas de Bretaña decidieron en 2011 optar entre tres opciones posibles por una sociedad propiedad de su pareja, Sandrine Doucen, para alquilar un local comercial en la ciudad de Brest.
De hecho, según las filtraciones de la prensa la compra de ese local por 375.000 euros y las reformas cifradas en 184.000 se financiaron con los alquileres que la sociedad de Sandrine Doucen recibía de las Mutuas de Bretaña.
Además, fue la promesa de alquiler lo que le permitió obtener el préstamo bancario para llevar a cabo la operación.
Las primeras revelaciones de este asunto en 2017 condujeron a la dimisión de Ferrand como ministro de la Cohesión Territorial en junio de ese año, apenas un mes después de la formación del primer Gobierno de Macron.
La investigación fue archivada en octubre de 2017, pero volvió a abrirse en 2018 con la denuncia de Anticor.
