La resolución del Tribunal Supremo llega tarde. O eso cree la Unión General de Trabajadores (UGT) sobre la decisión del alto tribunal, que fijó este martes los criterios para anular las cláusulas de vencimiento anticipado de las hipotecas, aquellas que regulan los procesos de desahucio, y que afectaron a miles de familias españolas durante la crisis económica.
Con todo, el sindicato celebra la decisión del órgano judicial, que adapta la normativa española a las directrices de la justicia comunitaria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya declaró abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado en 2013, pero, hasta el pasado marzo, no estableció qué criterios aplicar la ejecución anticipada de la hipoteca en los contratos que hasta entonces estaban sujetos a esa regulación.
La nueva normativa establece que las entidades bancarias no podrán realizar desahucios si el cliente al que han hecho el préstamo no lleva más de doce meses sin pagar sus cuotas. «De este modo, los bancos no podrán, como en ocasiones han hecho en España, realizar un lanzamiento hipotecario con solo un mes de impago», asegura UGT en un comunicado.
El propio sindicato impulsó, junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros colectivos sociales, una iniciativa legislativa contra los desahucios y la pobreza energética. Y ahora reitera que «es imprescindible desarrollar un ambicioso plan de vivienda en nuestro país y garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible tal y como establece nuestra Constitución».
«Este país no puede permitir que se repita un drama que dejó sin vivienda a millón y medio de personas, por ello es necesario recuperar una inversión en vivienda, que prácticamente ha desaparecido». Así, el sindicato exige al Gobierno que ponga en marcha una legislación, y recuerda que «la época de los recortes ha pasado». A lo que se suma el actual crecimiento económico —la evolución del PIB sobrepasa el 2%—, por lo que «se tienen que volver a implementar políticas públicas de vivienda que luchen contra la precariedad y la pobreza».
Una «segunda oportunidad»
Para ello, UGT exige recuperar, al menos, el 1,5% del PIB en inversión en vivienda. Además, reclama encontrar una solución habitacional antes de aplicar cualquier desahucio. , de forma que las familias puedan permanecer en su domicilio o acceder a una vivienda social en régimen de alquiler, a precios acordes con su nivel de renta.
Aimismo, el sindicato insiste en establecer una norma legal de segunda oportunidad, «en línea con los países más avanzados de nuestro entorno, que evite la expulsión de la vivienda, a aquellas familias que no pueden hacer frente a la hipoteca y actúen de buena fe (hogar insolvente, no doloso)».
