Cuando un grupo de funcionarios nicaragüenses hizo un informe confidencial, en 2009, para que el Estado recuperara una red de gasolineras a nivel nacional, arrendada entonces al consorcio suizo Glencore, las utilidades de la empresa el año anterior reflejaron casi cinco millones de dólares. Era un negocio prometedor.
Se trataba, dijo uno de los participantes en la negociación consultado para este reportaje, de “montarse en un caballo ensillado”, porque en el mercado había petroleras como Esso, Texaco, Chevron y Shell y “no se tenía (oportunidad)” para competir en aquel mercado.
Nueve años después de aquella operación, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, con 68 estaciones de servicio en el país centroamericano, es el líder en la venta de gasolina y diesel, pero tras bambalinas hay un poderoso entramado de intereses de allegados a la familia del presidente Daniel Ortega.
La compañía es representada por José María Enríquez Moncada, un abogado con una participación histórica en televisoras dirigidas por los hijos del mandatario, entre ellas canal 13, en la que el jurista es apoderado general de administración desde 2011, según los registros del ente regulador de telecomunicaciones Telcor. Este canal es dirigido por Maurice, Camila y Luciana Ortega Murillo.
La gerente de DNP era Yadira Julieta Leets Marín, esposa del hijo mayor del mandatario, Rafael, hasta septiembre del año pasado según registros oficiales. El experto en hidrocarburos nicaragüense, César Arévalo, explica el éxito de la compañía en los últimos años para CONNECTAS, la plataforma líder de las Américas en periodismo colaborativo.
Después de revisar las estadísticas oficiales del sector hidrocarburos, Arévalo indica que estas gasolineras de la DNP controlan el 34.5 por ciento del mercado de gasolina y el 45.14 por ciento del diesel. El segundo lugar en el mercado lo ocupa la compañía trasnacional Puma Energy con 26.58 por ciento y 29.44 por ciento respectivamente.
El negocio en general de la venta de combustibles ha registrado ingresos de 80 millones de dólares en combustibles desde 2009 al año pasado. De este total, 46 correspondieron al aumento en los precios, sólo 34 millones de dólares se deben al incremento en el volumen de las ventas, de acuerdo con Arévalo, quien durante años ha explicado que los sobreprecios son consecuencia del duopolio que la compañía vinculada a allegados a Ortega mantiene con el segundo lugar, lo que les ha permitido ganar mucho, mientras se han dado bajas en el precio a nivel internacional.
Estas empresas tienen el “suficiente poder de mercado para fijar los precios por falta de regulación”, indica Arévalo. Luego enfatiza que, al no haber competencia real en el mercado, ambas compañías “pueden ajustar los precios de ventas para compensar la baja en el volumen de ventas o si incurren en gastos extraordinarios pueden ser trasladados a los consumidores”.
Las gasolineras DNP Petronic han cambiado de nombre y logo para evitar sanciones y el boicot ciudadano. Fotos: Carlos Herrera.
Sobre el tema, las petroleras en Nicaragua son renuentes a hacer comentarios públicos. Enríquez Moncada dijo que esa información la podían dar los técnicos. “Yo no tengo ningún dato de eso, además eso sale en el INE (Instituto Nicaragüense de Energía)”, agregó refiriéndose al ente regulador del sector. La empresa Puma Energy, que ocupa el segundo lugar en la venta de combustibles, prometió una opinión para el 23 de julio pasado, pero nunca respondió a la solicitud realizada por CONNECTAS.
La otra fuente de recursos para la DNP son los contratos con el Estado como los sostenidos con el Ministerio de Salud que le adjudicó más de cinco millones de dólares entre 2013 y 2018 en licitaciones bajo el argumento de que era el único oferente en el proceso de licitación.
Esta investigación comprobó que la compra de estas gasolineras es una de las operaciones financieras que jamás ha explicado el gobierno de Daniel Ortega. Desde un principio, tal como reflejan los informes internos y las declaraciones públicas de algunos funcionarios, el gobierno buscaba la recuperación de la misma para el Estado tras años de supuesto aprovechamiento de los antiguos arrendatarios en detrimento de los intereses gubernamentales.
Para lograr la compra de la marca al consorcio Glencore, se usaron fondos de la cooperación venezolana a Nicaragua. La ayuda provenía de la importación de petróleo a precios concesionales, un trato preferencial que Hugo Chávez daba a sus aliados en la región. Según el contrato firmado, al momento de la negociación, la red de estaciones de servicio tenía activos por el orden de 62 millones de dólares.
La cooperación venezolana era administrada en el país centroamericano por Francisco López Centeno, tesorero de Daniel Ortega y vicepresidente de la compañía venezolana nicaragüense a través de la cual se importó el petróleo: Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa). Según datos del Banco Central de Nicaragua, al país ingresaron casi 5 mil millones de dólares desde enero de 2007.
Esos recursos fueron administrados sin ningún control del Estado pese a que el 49 por ciento de las acciones de Albanisa eran de la petrolera nicaragüense Petronic, presidida también por López, y el 51 por ciento de la venezolana PDVSA. En esa confusión de intereses políticos, familiares y de negocios, aparecieron como socios Enríquez Moncada con 800 acciones, el ingeniero José Mojica Mejía con 100 acciones y que también participa en los canales dirigidos por los Ortega Murillo, y Aura Cecilia Toruño con otro centenar del paquete accionario. Parte de esta información se conoció por investigaciones tanto de Confidencial como La Prensa de Nicaragua.
La letra menuda de la concesión, si hubo al grupo de allegados a Ortega, nunca fue explicada por López ni por el entonces procurador general de la república, Hernán Estrada, quienes conocieron directamente el negocio. Estrada renunció a su cargo en mayo pasado por razones de salud y se llevó el secreto.
La adquisición de los activos de DNP fue parte de un plan concebido por la administración pública ligada a Ortega. La llamaron en documentos internos “Operación Puma”, aunque otras fuentes del entorno cercano a la negociación lo llamaban a secas “Operación Retorno”, y actuaron en ella la Procuraduría, Petronic y Albanisa.
CONNECTAS, que publica esta historia en NICARAGUA.CONNECTAS, un espacio para contar la realidad del país centroamericano: accedió a parte de la documentación interna de la operación de recuperación para el Estado, incluyendo algunos documentos confidenciales que se enviaron los funcionarios. Fueron ellos quienes se encargaron de “estudiar cuidadosamente” la concesión que tenía Glencore para luego cancelar el contrato y obligarlos a vender la marca, se desprende del informe llamado “Reporte Final Operación Puma”.
En el proceso se valoró aspectos jurídicos, legales, administrativos, financieros, ambientales, técnico-operativos y mercadológicos. La información fue reunida por tres equipos multidisciplinarios en el período del 10 al 23 de Septiembre de 2009. Según una fuente de alto nivel de Albanisa, a la que ha tenido acceso CONNECTAS, Glencore fue obligada a vender la marca como se dijo y “quienes estuvimos allí (durante el traspaso de bienes) escuchamos, vimos y supimos que fue la Caja Rural Nacional (Caruna)—la financiera de donde salía los fondos venezolanos-- extendió un cheque. Y al día siguiente apareció una junta directiva presidida por una lista de personajes que son conocidos testaferros”, de la familia gobernante.
Así se refiere la fuente a los socios de la DNP. El único de ellos que se ha referido en el pasado a la señalada relación con la familia presidencial ha sido el abogado Enríquez Moncada, quien en 2012 aseguró al diario Confidencial que las investigaciones se trataban de un ataque político.
La permanencia en la actualidad de la nuera de Ortega, al frente del negocio de las gasolineras, ha sido puesto en duda por algunos medios de comunicación en Nicaragua. Los críticos lo ven como parte de una estrategia que busca evadir las sanciones que Estados Unidos puede seguir imponiendo al círculo familiar
Los primeros sancionados de la familia en el poder fueron la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Laureano, y también el mismo tesorero Francisco López. El gobierno de Ortega ha rechazado la decisión estadounidense y la describió como la continuidad histórica de la injerencia estadounidense en el país.
La amenaza proviene también del castigo de Estados Unidos a PDVSA, socia mayoritaria de Albanisa, que fue el origen de los fondos para adquirir la DNP. Junto a esto, congresistas como la republicana Ileana Ros-Lehtinen han pedido la sanción contra Rafael Ortega Murillo, esposo de la gerente de las gasolineras.
“¿Y cuál es el problema de un cambio de apoderado?”, preguntó molesto Enríquez Moncada sobre el hecho que, desde hace meses, Leets ya no firma los contratos con el Estado como lo hacía en un principio. El abogado cortó la llamada sin aclarar si ella ya no es la gerente de la compañía.
La aplicación de sanciones en términos individuales significa que los involucrados no podrán acceder al sistema financiero internacional según la legislación de Estados Unidos. Los activos que posean dentro de la jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, cancelación de visas, los norteamericanos tampoco pueden realizar transacciones con los implicados, que pasan a integrar la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros).
Pese al evidente cerco sobre sus intereses, la red de gasolineras sigue cosechando dinero. El último de los contratos con el Estado lo firmó Enríquez Moncada. El Ministerio de Salud le adjudicó un monto de 1.45 millones de dólares en octubre de 2018. En el documento de la licitación reconocen que la DNP fue el único “oferente” en una licitación para el abastecimiento de diesel, gasolina y búnker a 15 hospitales del sistema público según el contrato en poder de CONNECTAS. En total, entre 2013 y 2018, fueron cinco contratos por 5.63 millones de dólares.
Contratos de la DNP by CONNECTAS on Scribd
En más de una década de Ortega en el poder, y frente a la caída de la ayuda venezolana por la crisis en aquel país, optaron por cambiar de proveedor. Ahora el producto que llega a Nicaragua para DNP proviene principalmente Estados Unidos y Ecuador. Son 334.14 millones de dólares hasta abril 2019 según el Banco Central de Nicaragua.
En los últimos meses, se ha intensificado en las redes sociales una campaña ciudadana contra el negocio de allegados de la presidencial para que nadie consuma en las gasolineras, incitados por la ira tras la represión del Estado contra manifestantes que salieron a protestar en 2018 por una reforma impopular a la seguridad social.
"El pueblo ha decidido no tolerar más la generación de ingresos de los responsables directos y cómplices acusados de crímenes de lesa humanidad”, explica Yasser Morazán, muy activo en las redes sociales. La red de gasolineras ha optado por desaparecer su nombre comercial y han rebautizado los nombres de las estaciones con la de los barrios donde están ubicadas.
Pese a estos cambios, a criterio del experto en hidrocarburos César Arévalo, el boicot ciudadano “no ha surtido ningún efecto”. Arévalo consideró que las sanciones de Estados Unidos únicamente los han obligado a ocultar la marca y cambiar de proveedor de petróleo, pero la compañía opera regularmente. De esta tesis no está convencido la fuente de alto nivel de Albanisa, quien consideró que el intento de cambiar “testaferros” y ocultar la marca de la red de gasolineras es inútil, porque a la larga las sanciones de EE.UU. alcanzarán a DNP, “simplemente porque el dinero con que se compró esa marca vino de Venezuela, ahí está PDVSA (Petróleos de Venezuela) detrás”.
*Esta historia hace parte de NICARAGUA.CONNECTAS, la nueva iniciativa para mostrar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión.
