El bloqueo en Madrid amenaza con hacer de la financiación uno de los temas recurrentes del curso político, en tanto se convocan, o no, elecciones. El asunto es similar al de épocas pasadas pero con un cambio en la bancada de los intérpretes de las distintas posiciones. El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, pidió «lealtad institucional» y reclamó al Gobierno central el pago de la actualización de las entregas a cuenta y del denominado mes 13 del IVA correspondiente a la liquidación de 2017, una cantidad que asciende a 1.350 millones, al tratarse de «un asunto de despacho ordinario» del Gobierno de la Nación y para el que no debe afectar la situación de interinidad del actual Ejecutivo. Bravo, sin apenas voz pero que no elude nunca una presencia –de hecho, fue prácticamente el único miembro del Gobierno que permaneció en su banco durante la comparecencia sobre el brote de listeria–, urgió a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera como el marco adecuado para buscar soluciones al bloqueo. Bravo garantizó que no recortará en gasto social ni subirá impuestos para cubrir el «menoscabo».
El consejero explicó ante el Parlamento que las comunidades reciben cada mes por adelantado unas transferencias por el importe estimado de la recaudación en ese ejercicio y dos años más tarde se realiza la liquidación. «Las entregas a cuenta que hemos recibido en 2019 son las estimadas conforme a la recaudación de 2018, menor que la que se está produciendo en 2019», indicó. Una circunstancia que, sumada a la no compensación del denominado mes 13 del IVA (513,3 millones), supone un menoscabo para la financiación de 1.350 millones. Sobre el informe de la Abogacía del Estado que esgrime el Ministerio para no actualizar los pagos a las comunidades, el consejero señaló que sí permitiría la actuación del Gobierno, ya que «se trata de un asunto urgente, que afecta al interés general y no compromete en modo alguno a gobiernos futuros». «Cuando se afirma que un Gobierno en funciones no puede condicionar las políticas del futuro gobierno que le suceda, debe entenderse en el ámbito presupuestario del gasto, donde se manifiesta el programa, y no en la determinación y distribución de las entregas a cuenta, que es una obligación ex lege». Bravo incidió en que la propia forma jurídica que revisten las entregas a cuenta, como una mera comunicación ministerial, «no es sino la expresión misma del despacho de asuntos ordinarios». «Son 1.350 millones ya pagados por los andaluces y recaudados por la Agencia Tributaria Estatal que están retenidos en la cuenta corriente del Ministerio en lugar de estar financiando la sanidad, la educación o la dependencia de los andaluces», insistió. El consejero de Hacienda apeló a la lealtad institucional entre Administraciones para la búsqueda de soluciones, ya que las entregas a cuenta representan el grueso presupuestario de los ingresos autonómicos, cuya falta de actualización «condiciona el programa de Gobierno, amenaza los objetivos de estabilidad, agrava los desequilibrios del sistema y perjudica gravemente a los intereses de la población que recibe los servicios públicos».
El PSOE afea a la Junta el «España nos roba»
Antonio Ramírez de Arellano, del PSOE, asoció la reclamación «de la derecha» con la denuncia independentista de «España nos roba». El socialista criticó la «propaganda política» que relacionó con la estrategia del Gobierno andaluz de «bajar impuestos a los ricos, decir luego que no tienen dinero y buscar un culpable externo». Adelante criticó que la financiación se use «como campo de batalla» con un cambio de posición en función de quién gobierne. «Pudren lo que tocan», dijo Ángela Aguilera, que censuró el «bloqueo» de Montero.
