Por extraño que pueda parecer, el cazatesoros Roger Dooley, responsable del polémico proyecto de expolio del galeón San José
en Colombia, está investigando estos días en el Archivo General de Indias (AGI), el lugar que guarda la memoria documental del comercio americano con Europa en la época del Imperio español. ¿Qué puede estar buscando? Sentado entre historiadores y doctorandos, todos los días desde el pasado viernes, llega poco antes de las diez y revisa documentos hasta la tarde, con una pausa para comer. Se dice que está consultando legajos de «Contratación», el cuerpo del Archivo en el que se guardan los fletes, los seguros, los procesos de naufragios y los inventarios de carga. Le ven pasar los documentos «deprisa, como si fueran billetes y desde luego no con el respeto y lentitud que merecen legajos con más de trescientos años. Eso es típico de investigadores sin sensibilidad de historiador, que buscan algo muy concreto», comenta un historiador presente en el AGI estos días, donde se ha comentado su presencia con preocupación.
El director del Archivo de Indias, Manuel Ravina, en conversación con ABC, afirma que «toda consulta es confidencial y no se pueden dar datos de los legajos que cada uno pide». A la pregunta de si se extreman los controles cuando un investigador tiene antecedentes de proyectos comerciales sobre patrimonio de origen hispánico, Ravina afirma que «en el archivo se establecen los controles naturales», de los que tampoco se puede hablar, «ni se puede hablar de si existen controles específicos». La ley es menos muda y establece que cualquier persona con un DNI o pasaporte en regla puede consultar los legajos en los archivos españoles. Muchos legajos están digitalizados y accesibles por internet en el portal PARES y pueden consultarse a distancia.
Afortunadamente, el Ministerio de Cultura confirma también que tiene noticia de la presencia de Roger Dooley en el AGI, pero ponen en suspenso el calificativo de cazatesoros. ¿Lo es? Quien haya leído el documento inicial del proyecto preparado para Santos (del que hubo más versiones pero todas parecidas en cuanto a los fines) no tendría tantas dudas.
Hoja de «servicios»
Roger Dooley lleva en el negocio de los cazatesoros desde los años sesenta. Fue director de Visa Gold (nombre de poca intención científica) con base en Ontario. Empezó a trabajar para Fidel Castro en 1989, cuando el dictador les contrató para paliar con oro de los galeones la pérdida de ayudas soviéticas tras la caída del Muro de Berlín. Se les acusó de fraude y Castro le contrató para el diseño de Carisub, una empresa que hacía sus expolios en nombre de la revolución -«¡hasta el tesoro, siempre!»- por ejemplo con el galeón Inés de Soto, hundido en 1572. Llegaron a tener expedientes de 2.000 naufragios, la mayoría en el norte: entre Matanzas y Pinar del Río.
Tuvieron tantos fallos de restauración que acabaron llegando a acuerdos con otras empresas. Hasta hace poco trabajaban en Cuba y en Chile con uno de sus socios, Oriflama. En Iberoamérica los científicos más reputados les evitan como la peste.
Dooley persigue al San José, según algunas fuentes, desde los años noventa y trabajó entre 2000 y 2003 para Iota Partners, filial de Sea Search Armada, la primera concesionaria para el galeón San José en los años ochenta a cambio de la mitad de la carga que litigó luego contra el Estado colombiano.
Ese periodo no aparecía en el currículum de Dooley cuando se hizo cargo del proyecto de 2015 por encargo del expresidente Santos, que hablaba de él como el «viejo de la barba» que le había llevado un mapa con la ubicación del galeón. Nada de eso era verdad, como demostró ABC cuando se supo cómo era el contrato de Santos con MACS: reparto al 50% y pagando con el oro al peso, para que entrase más. El texto del proyecto contenía más de un 90% dedicado al reparto de monedas y apenas unos folios a la historia del naufragio.
MACS estaba controlada desde el paraíso fiscal
de las Islas Caimán y compartía socios, curiosamente, en una complicada trama financiera, con Odyssey Marine Exploration, la empresa que expolio la fragata Mercedes en 2007.
¿Vale hoy esa misma empresa y ese mismo director de proyecto que no tiene titulación de arqueólogo para una excavación científica? Es más que dudoso.
«¿Está en Indias? ¡Acojonante!»
Un diplomático conocedor del caso colombiano declaró ayer a ABC un gráfico: «¿Está en Indias? Acojonante!». No daba crédito. Es el mismo archivo que hoy recibe al Rey para inaugurar la muestra sobre Magallanes y Elcano.
Diversos historiadores hablaron con ABC sin querer figurar. Sí lo hizo el especialista Pablo Emilio Pérez-Mallaína, que recuerda a otros cazatesoros en el AGI, o historiadores contratados por ellos. «No se puede evitar con la ley actual, pero yo creo que habría que hacerlo, sé que es delicado, pero debemos pensar en una solución. ¿Para qué va a querer un cazatesoros la información?».
Por su parte, el abogado José María Lancho, especializado en patrimonio subacuático, afirma que «se suele olvidar, y ya ocurrió en el caso Odyssey, que el expolio y la destrucción del yacimiento arqueológico de un buque es un delito. Nuestro sistema penal estima que “el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo”. De ahí que, siendo el acceso de un cazatesoros a un archivo histórico español una parte imprescindible para planificar y ejecutar el expolio, nuestro derecho penal nos permite no tener que ir a tribunales más lejanos que los de España, ni que esperar al vaciamiento del San José para dar la respuesta adecuada a estas visitas».
