Treinta y siete millones de euros. Esa es la dimensión del agujero que ha quedado al descubierto en las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza por una cascada de sentencias judiciales, 23 en total, que condenan al Consistorio por moroso., por no atender en tiempo y forma multimillonarios pagos a los que estaba obligado. Ante la persistente negativa del Ayuntamiento a pagar, las contratas afectadas acudieron a los tribunales, que les han dado la razón en ese cúmulo de sentencias que han ido emitiendo contra el Ayuntamiento.
Los litigios han durado años y ahora quien tiene que hacer frente a esas condenas es el gobierno municipal PP-Cs, que tomó posesión hace menos de tres meses con el apoyo de Vox. Ante la avalancha de multimillonarios pagos que le ordenan los tribunales, el Ayuntamiento ha decidido solicitar auxilio financiero al Gobierno de Pedro Sánchez, al que le va a pedir prestados esa retahíla de millones, 37 en números redondos.
El Consistorio va a optar a los créditos estatales del Fondo de Impulso Económico (FIE) de 2020, una línea de préstamos oficial en condiciones más ventajosas que las que el Consistorio tendría que asumir si acudiera a los bancos. Todo esto mientras el Ayuntamiento está sumido en una delicada situación económica. Hace un mes, el gobierno municipal habló abiertamente de «quiebra». Entre unos y otros conceptos, las deudas que arrastra el Consistorio zaragozano superan los mil millones de euros.
El alcalde Jorge Azcón (PP), que tomó posesión a finales de junio, responsabiliza a sus antecesores. Es la indigesta herencia que los populares critican haber recibido de los anteriores gobiernos municipales de izquierdas, el del PSOE de Juan Alberto Belloch (2003-2015) y el mandato Podemos-IU del alcalde Pedro Santisteve (junio de 2015-junio de 2019). Hace cuatro años, el equipo de Santisteve también se quejó de lo mismo, porque se topó igualmente con decenas de millones pendientes de pago por sentencias. Y es que, en juicios por moroso, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene solera.
Esta acumulación de costosas sentencias suma y sigue en la delicada situación económica del Consistorio y, además, es reincidente. En 2015, el Ayuntamiento ya tuvo que pedir prestados 44 millones de euros al FIE por lo mismo. Y en 2017, otros 21 millones de euros, también para hacer frente a sentencias.
40 millones perdidos en intereses de demora
El PP dice que Zaragoza paga las consecuencias de una estrategia que le ha salido muy cara. Dicen que fue una maniobra preconcebida que consistía en litigar, alargar la cuestión en los tribunales y no tener que asumir esos pagos en el momento y ganar tiempo. El problema es que eso ha dejado una factura enorme en concepto de intereses de demora: 34 millones de euros hasta la fecha, a los que se suman los casi siete millones a que ascienden los intereses de las sentencias que ahora le toca pagar al gobierno municipal PP-Cs.
En la lista de acreedores a los que los juzgados han dado la razón aparecen la concesionaria del servicio municipal de transportes, TUZSA; la de limpieza viaria y recogida de basuras, FCC; la de parquímetros, Dornier; y varios proveedores y contratistas más.
Los procesos judiciales se fueron estirando en el tiempo y ahora quedan las sentencias firmes. Son un total de 23 condenas a las que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que hacer frente ahora. Obligan al Consistorio a pagar a esas contratas y proveedores un total de 30,17 millones que se negó a abonarles hace años, más 6,69 millones de intereses. En total, exactamente, 36.862.693,69 euros.
De esa cantidad total, el grueso se lo tendrá que pagar a TUZSA y a FCC. A la concesionaria del transporte urbano le tiene que abonar 17,06 millones de euros por cuatro sentencias que han dado la razón a la empresa frente al Ayuntamiento. A FCC, algo más de 11,5 millones de euros por siete sentencias.
A las concesionarias de los barrios rurales de Zaragoza debe pagarles tres millones de euros en números redondos, un par de millones de euros a Dornier… La lista de concesionarios y condenas suma y sigue, hasta esos casi 37 millones de euros. Y podría no acabar ahí. Por lo que pueda venir, el Ayuntamiento va a reservar el 1% del presupuesto municipal de 2020 para atender nuevas sentencias firmas que le puedan llegar o necesidades imprevistas y urgentes.
