La hotelera española Meliá ha sido incluida formalmente en la demanda colectiva presentada en Estados Unidos por violación de la ley del embargo a Cuba y lucro con propiedad confiscada. El bufete Rivero Mestre, que representa a varias familias de exiliados cubanos, ha añadido a la empresa balear, a Booking y a Expedia a las compañías denunciadas en Florida, después de que ninguna de las tres respondiera a un requerimiento de conciliación presentado ya hace más de 30 días.
El 3 de septiembre un juzgado de Palma de Mallorca desestimó una demanda de la familia Sánchez Hill contra Meliá en España por sus negocios en Cuba, argumentando falta de jurisdicción. Ahora, tres familias —los Mata, los Cantero y los Angulo Cuevas— han denunciado a Meliá en un juzgado de Florida por operar decenas de hoteles en colaboración con el régimen comunista en Cienfuegos, Hicacos y Cayo Coco.
Según argumentan los abogados en la demanda, a la que ha tenido acceso ABC, Meliá puede ser juzgada según los términos de la ley del embargo, conocida como Helms-Burton, porque «mantiene contactos continuados y sistemáticos con Florida, hace negocios en Florida, se beneficia de su presencia en Florida, y sobre todo ha causado perjuicios en Florida».
Es el mismo caso que el que se aplica al resto de empresas demandadas con la salvedad de que Meliá tiene un hotel de su propiedad en Orlando (Florida) que puede ser expropiado si lo dicta un juez, como también puede ser expropiado otro establecimiento suyo en Nueva York. Junto con Meliá, han sido llevadas a los tribunales las empresas Expedia, Trivago, Hotels.com, Orbitz, Travelocity y Booking.
Según sus asesores legales, los Sánchez Hill, que vieron su caso desestimado en España, también se sumarán a la demanda por sus propiedades en Holguín. Su caso es especialmente relevante porque dicen tener pruebas de que hace dos décadas Meliá negoció con ellos y les ofreció cinco millones de dólares (4,5 millones de euros) pero se echó atrás en el último momento.
«Aquella oferta que Meliá hizo a la familia Sánchez Hill hace tantos años puede permitirse ahora como prueba y admisión de culpa», dice John S. Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba.
Desde que en mayo Trump dejó que entrara en vigor la totalidad de la ley del embargo cubano, que estaba parcialmente suspendida desde su aprobación en 1996, 27 personas se han unido a esta demanda colectiva, según un inventario detallado que lleva Kavulich.
Meliá no sólo se enfrenta a un juicio en Florida, sino que sus directivos y los familiares de estos pueden verse sujetos a una suspensión de visados de entrada, trabajo y residencia en EE.UU. en virtud del Título IV de la ley del embargo.
En 1995 el Capitolio aprobó la ley para la Libertad y Solidaridad con la Democracia en Cuba, conocida como Helms-Burton por los apellidos de un senador y un diputado que la impulsaron. En ella se endureció el embargo al régimen comunista, pero dos de sus títulos quedaron en suspenso por decisión del presidente Bill Clinton: el Título III, que permitía a ciudadanos norteamericanos demandar en los juzgados de EE.UU. a empresas extranjeras que sacaran rédito de propiedades expropiadas en Cuba, y el Título IV, que rescindía visados a los gestores de esas mismas empresas. Con Trump, ambos capítulos se aplican plenamente.
