Con una legislatura que hace tiempo emprendió la cuenta atrás para su conclusión, puede que no tengan mucho recorrido las peticiones del PP y Ciudadanos para que el presidente del Senado dé explicaciones convincentes y públicas sobre el plagio desvelado por ABC. En páginas de España publicamos hoy nuevas muestras de su particular método de trabajo académico, basado en la apropiación sistemática de textos ajenos y que la ministra portavoz del Gobierno -titular en funciones de Educación, para más inri- trata de situar en el ámbito de su «privacidad». Después de utilizar la maquinaria del órgano que preside para tratar de excusarse y de calificar la impecable e incontestable información de ABC de «desprestigio de la política», como un ataque a la democracia, Isabel Celaá improvisa una flagrante contradicción al intentar reducir a la privacidad el plagio de Manuel Cruz, realizado como funcionario del Estado y dirigido a los estudiantes que como catedrático de Filosofía tenía a su cargo. Presidir el Senado con semejante currículum resulta insostenible.
Como en el caso del plagio del presidente del Gobierno, encubierto por La Moncloa con trampas metodológicas y nunca afrontado ante una opinión pública privada del debate que exigía un episodio de tanta gravedad, los recortables didácticos de Manuel Cruz revelan la flexibilidad moral de un PSOE que no solo se retrata con la falta de ética -pública, nunca privada- de sus representantes, sino que muestra su verdadero rostro cuando se conjura para minimizar el escándalo, tirando por alto, al considerarlo un ataque a la política, o por bajo, al situarlo en la esfera doméstica. La democracia no se resiente cuando la prensa cumple su función de informar, sino cuando políticos como Sánchez o Cruz ocultan sus faltas.
