Siete meses bastaron al juez Salvador Alba para dirigir la conspiración que obligó a la magistrada Victoria Rosell, actual diputada de Unidas Podemos en el Congreso, a renunciar a su puesto en la Cámara el 3 de mayo de 2016. El 3 de noviembre de 2015 el magistrado tomó posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para sustituirla, cuando ella se encontraba en situación de excedencia voluntaria al concurrir a las elecciones generales de diciembre de ese mismo año. Desde ese momento, y tal y como ha dictado la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Alba incurrió en una serie de hechos delictivos dirigidos a "acreditar la quiebra del deber de imparcialidad" de su antecesora en el Juzgado.
El propósito final: alimentar la querella que el entonces ministro de Industria y rival político de Rosell, José Manuel Soria, había interpuesto contra ella en el Tribunal Supremo por injurias y calumnias, después de que la jueza afirmara que él utilizaba los medios del Estado para atacar a adversarios políticos. Tres años después, Salvador Alba queda inhabilitado y condenado a seis años y medio de cárcel por prevaricación judicial, cohecho y falsedad de documento público.
Los hechos probados de la sentencia que condena el 'Albagate' confirman la cronología de la conspiración que Canarias Ahora publicó en 2016:
3 de noviembre de 2015: los cimientos de la conspiración. Salvador Alba tomó posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, habiendo cumplido ya los seis meses permitidos como máximo en el año natural para hacer sustituciones, para relevar a Victoria Rosell, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria para concurrir a las elecciones generales de 2015. En este Juzgado, Alba asumió la instrucción de la causa que atribuía al empresario Miguel Ángel Ramírez delitos contra la Hacienda Pública como administrador de Seguridad Integral Canaria (SIC).
El magistrado no perdió el tiempo, y el mismo día de su toma de posesión acordó la declaración como imputados el 30 de noviembre de Miguel Ángel Ramírez (que ya había declarado anteriormente) y de Héctor de Armas (administrador de SIC). Sin embargo, más allá de resolver la causa vinculada al presidente de la UD Las Palmas, Alba orientó su labor a buscar la forma de poner en entredicho el rigor profesional de Rosell.
Con este fin, pidió a De Armas la contabilidad de los años de 2011 a 2014, las operaciones bancarias y los contratos publicitarios de SIC. El abogado de De Armas, Sergio Armario, se mostró sorprendido ante las peticiones de Alba, que no tenían ningún tipo de relación con el objetivo de las diligencias. Entonces, el juez le expresó su interés en "incorporar a la causa documentación de contratos que pudieran vincular a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de Victoria Rosell, con Ramírez". Armario hizo las gestiones para que Ramírez y Alba se encontraran y pactaran.
16 de marzo de 2016: el amaño de la declaración del investigado. Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez se reunieron en solitario en el despacho del magistrado. En este encuentro conversaron sobre el interés de Alba en poder acreditar "la quiebra del deber de imparcialidad" de Victoria Rosell como instructora de las diligencias relacionadas con Ramírez, utilizando para ello la posible existencia de relaciones comerciales entre Sosa y el empresario. Entonces, el administrador de SIC se comprometió a entregar a Alba los contratos comerciales existentes entre él y el periodista. Contratos que, tal y como el director de Canarias Ahora explicó en el juicio del Albagate, se limitan a uno de limpieza desde 2010, prestado por Ralons Servicios, y un sistema de alarmas prestado por SIC que cesó en 2012. A cambio, el juez le ofreció a Ramírez una declaración de nulidad de actuaciones que impidiera acciones de la Agencia Tributaria en su contra.
La sombra de José Manuel Soria siempre estuvo ahí. Los hechos probados establecen que la conspiración de Alba pretendía aumentar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Supremo por el exministro contra Rosell.
23 de marzo de 2016: una declaración pactada.Ramírez actuó conforme a lo acordado con Alba. En el interrogatorio dirigido por el juez, se introdujeron preguntas sobre posibles relaciones comerciales de la empresa Clan de Medios de Comunicación, vinculada a Carlos Sosa, con la empresa Ralons Servicios y Sistemas de Gestión 3000. Incluso el empresario se ofreció a presentar documentación sobre estos vínculos económicos.
25 de marzo de 2016: el salto a la prensa. El periódico El Mundo publicó una información titulada "El presidente de Las Palmas confirma sus negocios con la pareja de la jueza Rosell" y "declara que le prestaba dinero mientras era investigado por la hoy diputada de Podemos". El diario La Provincia también publicó la noticia sobre las declaraciones de Ramírez el 3 de abril.
28 de marzo de 2016: Soria utiliza las noticias para su querella. El exministro amplió su querella en el Tribunal Supremo, remitiendo a estas piezas informativas. Ese mismo día, y pese a que El Mundo ya se había hecho eco de las declaraciones de Ramírez, el Juzgado número 8 denegó la solicitud de Rosell de obtener una copia de las palabras del empresario alegando como interés legítimo el derecho de rectificación.
25 de abril de 2016: el Supremo admite a trámite la querella de Soria. El Supremo admitió a trámite la querella presentada por Soria contra Rosell por hechos delictivos relativos a su actuación jurisdiccional en la causa de Ramírez por delito de prevaricación, cohecho y retardo malicioso en la Administración de Justicia para "favorecer las relaciones comerciales entre Carlos Sosa y el imputado en aquellas diligencias, Miguel Ángel Ramírez". La querella inicialmente había sido interpuesta por delitos de injurias y calumnias y fue ampliada.
3 de mayo de 2016: Rosell renuncia. En este contexto, al admitirse a trámite la querella interpuesta por Soria en el Supremo pese a la negativa de la Fiscalía, Victoria Rosell renunció a su puesto como diputada en el Congreso con la disolución de Las Cortes.
A partir de entonces las bases de la conspiración comienzan a tambalearse. El 11 de mayo, Miguel Ángel Ramírez entregó al Juzgado de Instrucción número 8, a cuyo frente estaba entonces la magistrada Carla Vallejo, el audio con la conversación que había mantenido con Salvador Alba en el despacho del juez. Ese mismo día se divulgaron en eldiario.es.
La jueza Vallejo elevó entonces una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que abrió diligencias penales contra el juez Alba. Al mismo tiempo, el Consejo General del Poder Judicial le abría un expediente que se saldó con una propuesta de expulsión que se hará efectiva cuando la sentencia condenatoria sea firme.
8 de mayo de 2018. Se cierra la instrucción dirigida por la magistrada del TSJC Margarita Varona, y se decreta la apertura de juicio oral, lo que activó la suspensión del juez Alba, que desde septiembre de ese año no ejerce en la judicatura, aunque sigue cobrando del Ministerio de Justicia un salario sin complementos. El Ministerio Fiscal pidió para Alba una condena de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación, mientras la acusación particular (Victoria Rosell) y las acusaciones populares (Podemos y Carlos Sosa) elevaban la petición de cárcel hasta los 14 años.
1 de julio de 2019. Comienza el juicio contra Salvador Alba en el TSJ de Canarias.
10 de septiembre de 2019. Tres años después de que se iniciara la conspiración, el TSJC dicta una sentencia que evidencia cómo cada uno de los pasos dados por Salvador Alba componen una maquinación dirigida a derribar a la magistrada Victoria Rosell que le costará 18 años de inhabilitación y seis años y medio de cárcel.
