La más sólida línea de defensa trazada por Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del menor Gabriel Cruz, se embosca en una frase de su declaración pero fue, en el momento mismo de su detención, nítidamente diseñada por los malditos predicadores de la corrección política: «Me llamó negra fea...», comienza a relatar la criminal recogiendo el testigo de ciertos escribanos de la progrez que vomitaron en su momento cositas de esta jaez (excusarán que les ahorre el recuerdo de los nombres del autor y de su medio): «Hay carroñeros ávidos por despedazar a la presunta asesina por negra, por inmigrante y por mujer». Su equipo de abogados le aconsejó, por consiguiente, colar en las cabezas de los miembros del jurado el salvoconducto que exime de culpa en cualquier acción violenta. «Me llamó negra fea». Dejé que un niño de ocho años agonizase hasta morir durante una hora, sí, pero es que era un machirulo supremacista. «Hermana-yo-sí-te-creo», corean al unísono las denunciantes de los gallos violadores de gallinas y los mafiosos que apalean policías en la frontera de Ceuta. El crimen fue y se juzga en Almería, como es notorio, lo que aprovecharon ciertos oportunistas para justificar que fuera ésa la provincia en la que mayor impacto tuvo la irrupción de Vox en las pasadas elecciones autonómicas. Que ya hay que ser retorcido. La prisión permanente revisable, ese eufemismo tras el que en España se esconde el concepto de cadena perpetua, es una herramienta necesaria para el combate del mal en estado puro que representan algunos especímenes (in)humanos. Media docena de reos cumplen esta condena, por hechos tan concretos como descuartizar vivas a sus dos hijas con una radial. Quien crea que cabe esperanza de rehabilitación con gente así, que los adopte y les alquile un piso en su rellano.
