Polígonos industriales semivacíos o convertidos en un absoluto erial empresarial, instalaciones ganaderas sin una sola cabeza de ganado, infraestructuras de dudosa o nula utilidad, obras que empezaron hace más de 15 años y siguen inacabadas... Son algunos de los sonados desatinos de los planes Miner, ideados para la reconversión de las comarcas mineras que vivían del carbón.
Esos fiascos los ha puesto al desnudo un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, que ha indagado en cuánto dinero público ha consumido el Plan Miner en Aragón y cómo se ha gestionado: más de 430 millones de euros hasta la fecha.
El objetivo de ese plan era dedicar dinero público para fomentar la instalación de empresas y actividades productivas que compensaran el empleo perdido por
el cierre de las minas
. Y evitar así la despoblación de esos municipios. Pero el informe de la Cámara de Cuentas aragonesa concluye que ese objetivo no se ha cumplido, pese a los cientos de millones de euros que se han tragado las sucesivas ediciones de los planes Miner, bajo gobiernos de distinto signo.
El asunto viene de lejos. En Aragón, desde hace veinte años, cuando empezaron a correr esos fondos públicos. Del informe de la Cámara de Cuentas se desprende que el resultado ha sido a todas luces cuestionable, a la vista de los desatinos detectados, de los resultados obtenidos y de lo caros que han salido.
Los municipios mineros de la provincia de Teruel han sido uno de los escenarios más destacados de los planes Miner. Estos programas los impulsa y financia el Gobierno de España, con participación activa del Ejecutivo autonómico. En veinte años, de 1998 a 2017, se han gastado en los planes Miner en Aragón un total de 433 millones de euros, con los que se han conseguido crear 2.012 puestos de trabajo en esas zonas. La cuenta sale a razón de 215.000 euros por puesto. Y no todos esos empleos que se crearon al calor de las subvenciones se han mantenido con el tiempo, porque también ha habido proyectos que se han quedado por el camino.
Es cierto que para subvencionar directamente a las empresas que crearon esos empleos se destinó solo una parte de esos 433 millones. Esas subvenciones han ascendido a 83 millones -a más de 41.000 euros por puesto en subvención directa-. Pero no es menos cierto que, en definitiva, todos y cada uno de los 413 millones tenían como objetivo la generación de puestos de trabajo, y el resultado ha sido muy limitado, pero gruesa la factura. En estos veinte años, y pese a tan abultada inversión, las comarcas mineras aragonesas han sufrido justo lo contrario de lo que se prometió con los planes Miner: la falta de horizonte económico ha provocado una sangría demográfica.
El caso de la comarca turolense de las Cuenas Mineras es elocuente: entre 1998 y 2018 perdió unos 2.000 habitantes, prácticamente el 20% de la población que tenía hace veinte años. En otra comarca históricamente minera, la de Andorra-Sierra de Arcos, han perdido en veinte años años más de 1.600 habitantes, un 14%.
Los cientos de millones invertidos en proyectos de infraestructuras y equipamientos, concebidos para impulsar la economía, la calidad de vida y el mercado laboral, han dejado un panorama lleno de sombras. La Cámara de Cuentas de Aragón pone en evidencia, por ejemplo, el desatino que ha supuesto la desaforada construcción de polígonos industriales, que nunca se han llenado. Los hay -y no pocos- que están totalmente vacíos.
Polígonos industriales sin empresas
El dinero enterrado en polígonos industriales fracasados ha sido enorme: unos 90 millones de euros. Se construyeron medio centenar de polígonos. En total, 264 hectáreas urbanizadas y dispuestas para atraer empresas. Pero a estas alturas, veinte años después de que arrancara el Plan Miner, solo hay ocupadas 110 hectáreas, mucho menos de la mitad de todas las disponibles.
El porcentaje medio de ocupación de esos polígonos es del 42%. Solo Utrillas alcanza el 77%, una auténtica rareza en esa abultada lista de desangelados polígonos industriales que se agolpan en una pequeña porción de la geografía aragonesa. Tal fue la fiebre constructora de polígonos a base de talonario público que unos y otros están a tiro de piedra. Los hay que solo distan entre sí cinco kilómetros.
La Cámara de Cuentas de Aragón habla abiertamente de «sobredimensionamiento» del suelo industrial, una forma suave de hacer constar que se construyeron polígonos sin mesura. Por eso los hay que siguen totalmente vacío
s. Ni una empresa, eriales absolutos. Es el caso de los situados en Aliaga o en Escucha.
Ganadería sin ganado
Otro ejemplo de fiasco se ha dado con el dinero público que se destinó a acondicionar suelo para explotaciones ganaderas. También en este caso hay instalaciones fantasmas, en las que se fue el dinero pero no ha llegado el ganado: en la localidad turolense de Andorra, donde se gastaron 2,4 millones de euros de dinero público en un espacio ganadero que sigue vacío, según recoge en su informe la Cámara de Cuentas.
También se han detectado obras inacabadas, pese a los años que han pasado desde que empezaron. Es el caso de la elevación de aguas desde el Ebro hasta la localidad turolense de Andorra. Se presupuestó en 27 millones de euros, se empezó a construir hace 17 años, se han invertido 25 millones y sigue inacabada. Diecisiete años después, por tanto, sigue sin poder utilizarse. Y eso que era una de las obras consideradas estratégicas en el listado de los proyectos Miner en la provincia de Teruel.
Algunas luces entre muchas sombras
Pese a la larga lista de fiascos o de caros proyectos de limitado resultado, la Cámara de Cuentas también reconoce que ha habido iniciativas exitosas. Pero no abundan en su informe. Cita, por ejemplo, la construcción de los complejos termales de Ariño y de Segura de Baños, que «sí han contribuido a una mayor empleabilidad en los municipios en los que se localizan». Pero, aún así, también pone un reparo: han creado empleo, pero no han fijado población en el territorio, que era el objetivo último de esos fondos del Miner.
Para rematar, el informe de fiscalización critica que, después de tantos años derivando cientos de millones de dinero público, la Administración no haya hecho un seguimiento exhaustivo del rendimiento que daba ese gasto. Recuerda que los planes Miner contemplaban como obligación una serie de estudios para analizar los resultados obtenidos, pero esos estudios «no se han efectuado en años anteriores».
Como conclusión global, la Cámara de Cuentas de Aragón evidencia que los 433 millones de euros de dinero público invertidos en esta región al amparo de los planes Miner no ha supuesto un auténtico revulsivo económico para esas comarcas, no ha compensado lo que se perdió con el cierre de las minas de carbón y tampoco ha frenado la sangría demográfica de unos municipios que no han parado de perder población.
