El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes una inversión de 28 millones de euros en proyectos de mejora en diferentes barrios, entre los que destaca un recorrido ciclista entre la agencia europea EUIPO y Urbanova, la reurbanización del barrio de Rabassa y el nuevo retén de la Policía Local en la zona de Playa de San Juan.
El acuerdo ha prosperado por mayoría simple con los 14 votos de los concejales del equipo de Gobierno, compuesto por PP y Ciudadanos (Cs) y el resto de representantes de la oposición se han abstenido: los 9 ediles de PSPV-PSOE, dos de Unides Podem y dos de Compromís.
En la misma posición se han manifestado los dos ediles de Vox, pese a que en la comisión informativa de Hacienda celebrada la semana pasada emitieron un voto favorable.
La operación contable de modificación de crédito por un importe de 38 millones de euros en total permite, fundamentalmente, la incorporación del remanente del presupuesto no ejecutado en el ejercicio de 2018 para poder impulsar la contratación de obras y proyectos en distintos barrios de la ciudad por una suma de 28 millones: las llamadas inversiones financieramente sostenibles.
En el caso de Rabassa, el importe es de 2,5 millones; la creación del itinerario para bicicletas hasta Urbanova costará 3 millones; mientras que la construcción de la nueva sede de la Policía Local junto al Parque Central de Bomberos, en Playa de San Juan, 2,5 millones.
Además, la modificación destina cuatro millones de euros a la cancelación anticipada de deuda pendiente tras la concertación de préstamos bancarios y dota de fondos a otras actuaciones pendientes de financiación en las cuentas ordinarias que el equipo de Gobierno considera ahora necesarias.
Nuevo concejal y siete asesores
La sesión ha comenzado con la toma de posesión del nuevo concejal de Compromís, Rafa Mas, que pasa a ocupar la vacante dejada por Sonia Tirado tras su nombramiento como directora general de Innovación.
La propuesta también incorpora la creación de otras siete plazas de trabajadores eventuales que puedan ejercer como asesores de los grupos municipales, con un gasto adicional de 322.000 euros anuales, al margen de los más de 800.000 euros ya previstos para las 22 plazas de cargos de confianza existentes hasta ahora.
Con esas nuevas plazas, el ayuntamiento llegaría al tope legal de 29 cargos de confianza previsto para la corporación de una ciudad del tamaño demográfico de Alicante.
La concejal de Hacienda, Lidia López (PP), ha defendido que la propuesta se ajusta al principio de equilibrio presupuestario y ha reconocido que gran parte de las propuestas proceden de la etapa de gobierno del tripartito, en el mandato posterior.
De hecho, las ha tildado de positivas al ser necesarias para la ciudad, y respecto a los asesores ha señalado que se trata de posibilitar la asistencia necesaria para el ejercicio de la labor política de los ediles del gobierno y de la oposición, al tiempo que ha recordado que el Consell del Botànic también ha ampliado su nómina de cargos de confianza.
Los grupos de la oposición, sobre todo PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís, han lamentado que la propuesta de cambio contable no se haya negociado en aras del consenso y han reprochado al equipo de gobierno que "no se haya tenido en cuenta la necesidad de buscar el equilibrio en las inversiones entre los barrios para atajar las situaciones de desigualdad", en palabras del socialista Miguel Millana.
Los portavoces de Unides Podem EU, Xavier López, y de Compromís, Natxo Bellido, han abundado en el mismo argumento y han criticado que el acuerdo se haya planteado en una votación conjunta pese a incluir puntos distintos, como el de la creación de las nuevas plazas para la contratación de cargos de confianza.